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Castilla y León
Compromiso de Castilla y León con las entidades sociales en la gestión del IRPF
La Junta apoya el reparto mixto y pide la continuidad de la financiación para los proyectos en marcha
Castilla y León mostró ayer su apoyo al nuevo modelo de gestión mixta del IRPF -la X solidaria en la declaración de la renta- que planteaba el Gobierno de España para el reparto de fondos entre las entidades sociales que atienden a la infancia, la familia, los jóvenes, las persona mayores y dependientes, los drogadictos o a los afectados por el Sida, entre otros asuntos.
Castilla y León mostró ayer su apoyo al nuevo modelo de gestión mixta del IRPF -la X solidaria en la declaración de la renta- que planteaba el Gobierno de España para el reparto de fondos entre las entidades sociales que atienden a la infancia, la familia, los jóvenes, las persona mayores y dependientes, los drogadictos o a los afectados por el Sida, entre otros asuntos.
«Los fondos que recibamos las Comunidades Autónomas de la gestión de la X solidaria tienen que ir íntegramente a los programas que se vienen desarrollando y no a otra cosa», decía la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, durante su participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, ayer en Madrid, en el que se analizaba el futuro del sistema de subvenciones del IRPF.
Alicia García mostraba el compromiso de Castilla y León con el tercer sector y defendía que estas entidades «no pierdan ni un solo euro» de la financiación que han venido recibiendo en la última convocatoria para que pueda seguir prestando su ayuda a las personas más vulnerables de la sociedad.
Al respecto, la consejera recordaba que en Castilla y León, este año se han repartido veinte millones de euros, correspondientes al 0,7 por ciento de la asignación, entre 188 entidades sociales, lo que ha permitido desarrollar en nuestra Comunidad más de 350 proyectos.
«Es una cantidad muy relevante para Castilla y León que además da estabilidad, certidumbre y tranquilidad a estas organizaciones sociales», apuntaba Alicia García, por lo que reclamaba «responsabilidad» a todas las regiones de la España autonómica.
Respecto al acuerdo alcanzado de forma unánime por todas las comunidades, la consejera explicaba que comprenderá un tramo autonómico y otro estatal, aunque falta por definir los porcentajes que gestionarán las Comunidades Autónomas y el Estado, así como las competencias que tendrá cada institución, para lo que se ha convocado una nueva reunión en ocho días.
Igualmente, en la reunión territorial se daba luz verde a la creación de un grupo de trabajo que será el que establezca el modelo de gestión de futuras convocatorias.
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