Gravita sobre él la leyenda de la ubicuidad y desde los primeros compases de su declaración, el ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, intentó dejar sentado en el juicio que no tuvo una «conciencia clara» durante el ejercicio de sus cargos del barro de los ERE. De ahí sus múltiples «no recuerdo» sobre una etapa en la que «faltaban horas al día y días al año» para realizar sus labores. Admitió sin nombrarlo haber «despachado muy directamente» con el que fuera su presidente, Manuel Chaves, y que se repartieron ayudas ante crisis industriales, aunque planteó que si se llegaba a ellas era porque «se había fracasado en el intento de salvar» a una empresa.

La Fiscalía quiso saber cómo se articulaban las subvenciones, a lo que Zarrías respondió que no se acordaba al ser la Consejería de Empleo la «competente en esa materia». El Ministerio Público rascó en torno al perfil que debía tener un trabajador para ser un posible beneficiario de los fondos, a lo que Zarrías tampoco le pudo contestar, ya que no era «un tema» en el que participara. Pero la Fiscalía insistió. No en vano, uno de los pilares teóricos del «caso ERE» es que se dieron ayudas de forma arbitraria y que el presunto fraude podría entretejerse en más de 741 millones. Hubo más interrogantes sobre a dónde tenía que ir un ciudadano para informarse de la normativa reguladora de las subvenciones y cómo podía saber qué tenía derecho a recibir el dinero. «Dónde podría acudir, no le puedo decir. A través de las centrales sindicales... no le puedo concretar», se encasquilló la ex mano derecha de Chaves, si bien, luego, a su abogado Gonzalo Martínez, le aclaró que se canalizaban a través de los «agentes sociales», que ningún parlamentario se ha quejado de falta de publicidad ni ha habido «reclamación». «Que había ayudas a trabajadores y de carácter sociolaboral era algo que figuraba en programas electorales, en los discursos de investidura –del presidente–, en los acuerdos de concertación, en el Presupuesto, en los planes económicos...», enumeró para añadir: «Era público y notorio». Recalcó que, en cualquier caso, «la competencia en esa materia estaba residenciada en la Consejería de Trabajo».

En su camino como declarante de lo que sí afirmó tener «clara conciencia» es de que había «regulación» de las subvenciones ligadas al juicio y nombró «la Ley de Hacienda Pública, la anual de Presupuestos, decretos» o las normas estatales. Relató que su consejería, la de Presidencia, promovió «en su mayoría ayudas regladas» y que no fue el destinatario de ningún informe en el que «se hiciera referencia a algún tipo de irregularidades». Gobernó ajeno a los «intrusos» y nunca «intercedió» para dar ayudas. Es más, «nadie» le «demandó nunca que interviniera». En su interrogatorio no se respiró tensión, a pesar de las avalanchas de palabras. Zarrías se mostró calmado, contó que presidió 750 reuniones de la comisión de viceconsejeros, los llamados «consejillos», en los que se abordaron «10.000 asuntos» y aprovechó diversas cuestiones para lanzar una idea-fuerza: su gestión «no era administrativa –tenía un equipo de técnicos–, era política siempre». «Y cuando digo siempre, es siempre», apostilló.

En línea con lo oído ya en la Audiencia, hiló varias negativas: no tuvo conocimiento de reparos de la Intervención y sólo supo de la partida presupuestaria que alimentó los ERE, el «fondo de reptiles», o del convenio marco firmado entre Empleo y el IFA, el ombligo del caso, a raíz de la causa. Los ex consejeros de ese área, los investigados Antonio Fernández y José Antonio Viera, no le informaron de la existencia del último, e ignoraba también la de un «convenio marco fantasma» previo, al que aludió la Fiscalía. Y nadie le comunicó, «ni formal ni informalmente», nada del informe adicional de la Intervención de 2003 en el que se alertó del agujero de los ERE. Sí conoció unas modificaciones presupuestarias que se producían a miles. Narró que llegaban a los «consejillos» en forma de «dos hojas» incluidas en la carpeta donde figuraba el orden del día y que el viceconsejero de Hacienda las presentaba «muy someramente». Luego se elevaban al Consejo de Gobierno, las que contaban con todos los «documentos preceptivos», donde la consejera de Hacienda ni siquiera las explicaba. ¿Las leyó? «Nunca en los 15 años que fui consejero de Presidencia comenté una modificación presupuestaria». Era un «asunto de trámite» que el Consejo de Gobierno aprobaba «automáticamente». Dijo que no despachó con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, conoce al ex sindicalista Juan Lanzas, quien «cambió de papel» a lo largo de la época investigada; y mantuvo «dos reuniones» en su despacho con «los propietarios de Dhul» para «conocer su proyecto industrial». Tras mostrarle una carta en la que se le mencionaba desmintió haberle dicho al consejero de Empleo que pagara «la nómina ni de Primayor ni de nadie». «El uso del nombre en vano del consejero de Presidencia en ocasiones se producía, desgraciadamente», lanzó.