Hubo un momento en el que el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ahora imputado en la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, saboreó horas de triunfo. Éstas incluyeron, apuntan a LA RAZÓN fuentes ligadas al caso, que recibiera invitaciones de empresas de diversa índole. Una de ellas llegó por parte de A Novo Comlimk, grupo que financió al ex alto cargo un viaje a la capital francesa, a París, en 2005. ¿El motivo? «La convención mundial que la multinacional lleva a cabo cada año», explican.

Según confirman desde el entorno de Guerrero, éste fue convidado a la cumbre por su vinculación con la Administración autonómica y «por el apoyo que ésta brindó» a A Novo Comlink España, cuya sede está ubicada en Málaga. O, con otras palabras, se debió, en teoría, a la apuesta del Ejecutivo autonómico «por el desarrollo tecnológico».

Las mismas fuentes aportan que la convención se celebró «en unos salones» parisinos y contó «con participantes de delegaciones de la empresa en todo el mundo». De hecho, según se refleja en la página web de A Novo, la multinacional «tiene operaciones en ocho países, con veinte centros en Europa y América del Sur», entre ellos el español.

Al margen de los actos más formales hubo un añadido. En el ámbito de ese agasajo, el ex director general pudo disfrutar de un partido de tenis del Abierto de Francia, el Roland Garros. Según el sitio web oficial de venta de entradas –www.fft-tickets.com–, el precio de un ticket para ver jugar este año a los participantes en el torneo celebrado sobre tierra batida, puede alcanzar los 450 euros dependiendo del día y el lugar de la pista desde el que se disfrute el evento deportivo.

Cabe recordar que A Novo es una de las empresas incluidas en el sumario del «caso de los ERE» que instruye la juez Mercedes Alaya. Es más, el PP llegó a cifrar en 35 millones de euros, el dinero que esta sociedad habría recibido en subvenciones públicas. Además, en su expediente de regulación de empleo se detectó un «intruso –persona que nunca trabajó en el ente pero cobró una ayuda– y otras irregularidades.

De hecho, según adelantó este periódico, su ex director, José Pardo Fernández, se acogió al ERE de su propia empresa y firmó una póliza a su favor de 1.049.959,37 euros. Antes de entrar en vigor estuvo 23 meses en situación de desempleo –en concreto desde el 1 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2008–, para pasar luego a la de prejubilado, como el resto de los 184 trabajadores –en distintas fases– que se acogieron al plan social firmado en Sevilla por la empresa, los sindicatos y la Junta el 18 de julio de 2005. En relación a esos acuerdos, en un documento del Comité de Empresa que los resume se hace mención a Guerrero para agradecerle el «generoso esfuerzo realizado y la brillante imaginación» de la que tuvo que «hacer gala» para «salvar los numerosísimos obstáculos legales y financieros» que se presentaron a la hora de cerrar el plan. «Al depender» éste, se apostilla, «de otros jefes superiores y de unos Presupuestos» que tenían que ser aprobados por la Junta y el Parlamento regional. En cualquier caso, el grupo mantiene en la actualidad en Málaga una «plantilla de alrededor de 700 trabajadores», según apuntan fuentes que participaron en aquella negociación.

Por lo que respecta a Guerrero, su situación ha cambiado mucho desde la mencionada invitación, como consecuencia de que Alaya le imputara varios delitos, entre ellos, cohecho o malversación. Tras abandonar en junio de este año la cárcel Sevilla I, por segunda vez en el marco del proceso, no puede salir del país.

Es más, desde entonces tiene la obligación de comparecer cada lunes en los juzgados sevillanos para firmar y dar fe de que sigue en la capital andaluza, como manda la maquinaria judicial. La instructora ordenó también que se le retirara tanto el carné de identidad como el pasaporte, lo que dificulta que el ex director general de Trabajo pueda viajar ahora a París o cualquier otro punto de la geografía mundial.