La rebaja del impuesto de sucesiones que reclamó Cs supone un impacto de 83 millones de euros. Ciudadanos y PSOE encarrilan los Presupuestos, que crecerán en torno a un 3 por ciento

El acuerdo presupuestario estaba cantado desde el principio aunque la Junta y Ciudadanos –más Ciudadanos que la Junta– han construido un relato del suspense en las últimas semanas. A Susana Díaz no le quedaba otra opción que aceptar el requisito puesto encima de la mesa por sus socios de investidura: eximir del pago del impuesto de sucesiones a las herencias de hasta un millón de euros. Ahora la jefa del Ejecutivo andaluz tiene el camino expedito hasta 2019. Un desacuerdo le hubiera abocado a una convocatoria anticipada de elecciones que sería arriesgada en este momento, con la derrota aún fresca frente a Pedro Sánchez en las primarias de mayo. Por su parte, Ciudadanos se apunta su gran tanto de la legislatura, que a buen seguro será el principal reclamo de campaña de cara a los próximos comicios. De paso, han quitado al Partido Popular la paternidad de una reclamación en la que venía insistiendo este partido de manera muy intensa en los últimos años y que se remonta al menos al año 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales y Javier Arenas retomó la dirección de la formación en Andalucía.

El pacto de los Presupuestos de 2018 lo firmaron a primera hora de la mañana el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, y el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, que estuvieron acompañados por otros dirigentes de la Junta como la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios. La versión oficial es que la negociación acabó de desatascarse en la tarde del martes. Lo cierto es que los números cuadraban desde el principio porque el margen económico es mayor y la coyuntura más favorable. Así se expresa de hecho en el documento pactado entre ambos partidos: «Los presupuestos de Andalucía se inscriben en un contexto de notable dinamismo de la actividad económica. En lo que llevamos de año la economía andaluza ha crecido en torno a un punto porcentual por encima de nuestros socios comunitarios». Conviene recordar que, como ya avanzó este periódico, Andalucía ha ingresado de las dos últimas liquidaciones positivas del modelo de financiación –2014 y 2015– un total de 2.316,34 millones de euros extra, la recaudación tributaria propia creció un 5,48 por ciento en 2016 (773 millones más) y las entregas a cuenta del Gobierno también aumentarán sensiblemente de cara al ejercicio próximo: concretamente 621 millones más que en 2016. Frente a estas cifras, la supresión del impuesto de sucesiones a las herencias de hasta un millón de euros supone un impacto estimado de 83 millones. Con todo, más allá de los números, Cs se anota un importante galón político por haber apoyado al PSOE durante más de dos años y tres presupuestos, mientras que Susana Díaz refuerza su discurso de la calma institucional en un momento tan agitado como el actual. Poco después de la firma del acuerdo, la jefa del Ejecutivo andaluz convocó a los medios de comunicación en el Palacio de San Telmo para expresar que el pacto presupuestario «da estabilidad y un horizonte despejado». Recordó que Andalucía volverá a ser «la primera administración del país que garantiza sus cuentas para 2018».

El texto del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos pone algunas condiciones a la exención del pago de sucesiones a las herencias de un millón de euros. Los beneficiarios deben ser cónyuges y parientes directos y además el patrimonio preexistente tiene que ser también igual o inferior a un millón. Además, se corrige el error de salto, por lo que la cantidad sujeta a pago fiscal comenzaría a contar a partir del umbral establecido. Así, si una persona hereda un millón y un euro, pagaría por el euro y no por el total como viene ocurriendo hasta ahora.

La exención afecta en menor medida a las donaciones. Sólo se contempla una reducción del 99 por ciento del importe del impuesto para aquellos receptores de hasta el tercer grado de consanguinidad que dediquen el dinero a la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional. Este negocio debe mantenerse durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de la donación. El impacto estimado de recaudación que prevé la Junta de Andalucía es marginal. Apenas 300.000 euros.

El acuerdo suscrito incluye asimismo una serie de bonificaciones para personas con discapacidad. Entre ellas, se corrige el error de salto para herederos no directos –de tercer y cuarto grupo–. El impacto estimado asciende a 4,5 millones de euros.

Juan Marín interpretó la bajada del impuesto de sucesiones como un acto de «justicia social». La consejera de Hacienda ha sido una de las más reacias a la reforma porque se ha amparado durante todo este tiempo en el argumento de que sólo los adinerados –el 7 por ciento de las liquidaciones– tenían que hacer frente a pagos. Ayer habló de los «millonarios». Según dijo, en Andalucía sólo hubo el año pasado 200 casos con liquidaciones de más de un millón de euros por heredero.

Las cuentas del próximo año tienen un carácter expansivo. Crecerán en una horquilla que se mueve entre el 2,8 y el 3,2 por ciento. Una cifra pareja a la de 2017, ya que el aumento del gasto no financiero fue este año del 2,8 y el montante global se elevó un 6,2 por ciento. Este margen permite a Susana Díaz diseñar un presupuesto con guiños más electoralistas porque es muy probable que sean las últimas cuentas de la legislatura, ya que es difícil imaginar a PSOE y Cs presentándose de la mano con otro presupuesto antes de las elecciones.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, detalló ayer que crece la partida para sanidad un 5 por ciento, otros 3,3 por ciento educación, 25 millones de euros más para Dependencia, la partida para Atención Temprana crece hasta los 28 millones y el crédito presupuestario para las universidades aumenta un 4,4 por ciento. El acuerdo entre PSOE y Cs también incluye otras medidas como el incremento de un millón de euros en subvenciones para organizaciones agrarias o el refuerzo de personal en administración de justicia debido al aumento del volumen de trabajo por la resolución vinculado a las cláusulas suelo. El documento añade actuaciones en infraestructuras como la puesta en marcha del tranvía de Jaén, el comienzo de las obras del tranvía Sevilla-Aeropuerto o la finalización de las obras del Palacio de Congresos de Córdoba.

Aún así, la medida más jugosa electoralmente se la reserva en exclusiva la Junta, con la puesta en marcha de la renta mínima de inserción social, que tendrá un coste de 198 millones de euros, una cantidad muy superior a los 83 millones que supone la exención del pago de sucesiones a las herencias de un millón. Esta medida no sustituye a la ley de renta básica, un imperativo legal recogido en el Estatuto de Autonomía que se aprobó en referéndum en el año 2007 y que acumula una década de retraso. El ex presidente Griñán volvió a prometerla en 2012. Desde entonces lleva en el cajón. Díaz ya anunció esta renta mínima de inserción en junio y se reserva ahora su puesta en marcha en el momento en el que se expone al abismo si no amarra el Gobierno andaluz dentro de año y medio.