Desde el busto de piedra de sí mismo que hizo poner Pedro I en (escuálido) pago por el asesinato del Conde de Niebla hasta los «figli di nessuno» que Cosa Nostra envía a la cárcel, confesado por dinero cualquier crimen atribuible a un peón valioso, el poder siempre ha sido ducho en proteger a sus más conspicuos detentores de los embates de la Justicia, que es verdad que a veces es ciega. El fraude de los ERE ha sido tópicamente bautizado como el caso de corrupción más importante, cuantitativamente hablando, de Europa Occidental pero escala, a medida que cristalizan las triquiñuelas de los malos, en el mayor fiasco de la historia de la judicatura. Para ello, resulta perentorio que se imponga la teoría de los cuatro golfos y que, en consecuencia, sean éstos señalados. Cae por su propio peso el nombre de Francisco Javier Guerrero, a quien impúdicamente emporcaron sus antiguos compañeros con detalles de su vida privada por completo ayunos de relevancia, pero sabe a poco. Para cortafuegos, no basta un director general. El sacrificado será Antonio Fernández, con suficiente rango porque fue consejero de Empleo y creíble en la golfería desde que se descubrió su fraude con el expediente de las bodegas González-Byass, donde figuraba como trabajador desde el día de su nacimiento. Chupó talego preventivo sin que nadie en el PSOE arquease una ceja en su defensa. Ayer el tribunal, tan mimoso con algunos de los acusados, lo encerró con un interrogatorio a degüello y todavía no había terminado de declarar cuando otro de los encausados lo acusó de defenderse con «falacias». Durante la Gran Guerra Patria, los oficiales del Ejército Rojo nunca eran relevados: les proporcionaban una botella de vodka, los dejaban a solas con su revólver y les garantizaban una vida muelle para su familia.