Quienes hayan estudiado Derecho probablemente coincidan en que todo lo que tiene de tedioso el proceso civil con sus normas sobre recursos y ejecuciones hipotecarias, lo tiene de apasionante el proceso penal por lo concerniente a investigación, instrucción del sumario, acusación y juicios con jurado. Prueba de ello es la larga lista de películas como las magistrales «Doce hombres sin piedad», concebida como obra teatral pero llevada tres veces al cine, «¿Vencedores o vencidos?» y «Testigo de cargo», basada en la novela de Agatha Christie y con un remake previsto para 2019. Incluso una película menor, si cabe emplear este calificativo al hablar de John Ford, como «El joven Lincoln» es ejemplar y sorprendente.

Salvo aplazamiento de última hora, el próximo lunes comenzará en Florida un segundo juicio que dirimirá si el ciudadano español Pablo Ibar es declarado culpable o no de tres asesinatos y, en el peor de los casos, condenado a la pena de muerte, sentencia que recibió en agosto del año 2000. Esta historia tiene una doble conexión con Andalucía: Ibar es sobrino de Urtain, quien fue dueño, con su hermano Eusebio, de un restaurante de cocina vasca en Castilleja de la Cuesta, a diez kilómetros de Sevilla, ciudad en la que nació Manuel Summers, que le dirigió en «Urtain, el rey de la selva... o así». Casualmente, este documental, que esconde en sus minutos finales una acerada crítica antibelicista (lo que irritó, y no poco, a la censura), podrá verse en Cádiz, como parte de la programación de Alcances, este domingo a las 19:00 horas, muchos años después de su última proyección en salas y de emitirse en televisión.

La otra conexión entre el caso Pablo Ibar y Andalucía viene por la serie documental sobre su historia, «The Miramar murders», en la que el productor sevillano Olmo Figueredo lleva inmerso más de cuatro años y que cuenta con el almeriense Manuel Martín Cuenca como director. Se trata de una producción muy compleja, no solo por la distancia, sino por las propias implicaciones personales y emocionales de un caso con tres víctimas mortales y sus respectivas familias destrozadas. La idea surgió cuando Figueredo estaba preparando el documental nominado al Goya «The Resurrection Club» sobre cuatro condenados a la pena de muerte declarados inocentes al cabo del tiempo. Ya conocía la historia de Pablo Ibar y vio su tremendo potencial.

Sobre este mismo caso acaba de salir el libro «En el corredor de la muerte», escrito por Nacho Carretero, el mismo de Fariña; se lee prácticamente sin pausa alguna y atrapa al lector desde su primera página. Tras la popularidad alcanzada por la prohibición inicial de Fariña y el éxito de su adaptación televisiva, no debe extrañar que la llegada de su libro sobre Pablo Ibar fuera prácticamente en paralelo al anuncio de una serie de ficción a cargo de la misma compañía que produjo Fariña para televisión, «Bambú Producciones», responsable también de «Velvet Colección» y «Las chicas del cable».

A pesar de esta triple coincidencia (libro, documental y serie de ficción sobre el caso Ibar) no hay muchos ejemplos en España de iniciativas similares sobre procesos penales por muy apasionantes que pueden llegar a ser. Un reconocido director de documentales, Joaquín Jordá, realizó «De niños» sobre un turbio asunto de pederastia, el llamado «Caso Raval», en la Barcelona de finales de los 90 y en el que el periodista y escritor Arcadi Espada, con cierta complacencia por la polémica, puso de manifiesto multitud de irregularidades en la instrucción del caso, que Jordá sacó a relucir en su obra. Años después, Barcelona fue de nuevo escenario de otra producción no exenta de acalorada controversia. Premiada en el Festival de cine español de Málaga y emitida con gran despliegue mediático en TV3, «Ciutat Morta» logró una rápida simpatía por la denuncia de irregularidades en el juicio a unos jóvenes antisistema, juzgados por haber dejado tetrapléjico a un guardia urbano. Una de las detenidas acabó suicidándose en la cárcel, desgraciado hecho expuesto como prueba evidente de su inocencia, pero su compañero de banquillo, Rodrigo Lanza, acabó años después siendo acusado de asesinar a un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Como dato añadido cabría decir que su abogado defensor en el primer caso fue el inefable Gonzalo Boye, condenado a 14 años de cárcel por complicidad con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y que, a pesar, o tal vez gracias a su currículum, cuenta con un documental, «Boye», realizado para su mayor gloria.

Más recientes son dos estupendas miniseries, narradas con brío y muy ilustrativas, sobre el asesinato de la niña adoptada de origen chino, «El caso Asunta», y la Presidenta de la Diputación leonesa, «Muerte en León».

Sin embargo, en Andalucía, donde no escasean los cineastas con formación jurídica (Javier Gutiérrez, Víctor Barrera, Pepa Álvarez y Remedios Malvárez, por ejemplo) apenas hay títulos a excepción de «El caso Rocío», de José Luis Tirado, sobre los avatares judiciales que sufrió el cineasta sevillano Fernando Ruiz Vergara por vincular en su documental Rocío a un destacado hermano con crímenes durante la postguerra. Tras esta traumática experiencia, Ruiz abandonó el cine y se recluyó en Portugal, donde murió antes del estreno de este reivindicativo documental.

Ciertos casos judiciales podrían servir de inspiración para producciones, solo que por la propia naturaleza de éstos («caso Nóos», los «Ere», «Gürtel») darían más para un sainete. Frente a esta realidad, nada mejor que sumergirse en una brillante historia de ficción recién editada, «El párroco de Vejlby», obra de referencia en la literatura danesa, que narra el proceso judicial por asesinato al representante de Dios en una pequeña localidad. Magnífica en su planteamiento y desarrollo, esta novela corta de Steen Steensen Blicher, sirvió de, llamémosle, inspiración a Mark Twain para su historia Tom Sawyer, detective. Y es que cuando un reputado escritor cae en esta práctica, cómo no va a hacerla suya todo un Presidente de Gobierno, quede o no demostrado.