Incumple su compromiso del debate de la comunidad de aprobar en noviembre la ley de FP

La presidenta de la Junta prometió claramente durante el reciente debate sobre el estado de la comunidad que el Ejecutivo autonómico aprobaría a lo largo de este mes el Proyecto de Ley de Formación Profesional. Sin embargo, el Consejo de Gobierno se reunió ayer martes, como es habitual, sin que este asunto estuviera encima de la mesa. El Consejo de Gobierno de ayer era el último del mes, por lo que Susana Díaz incumple otra fecha más de las varias que ha trazado en el horizonte para contentar a Ciudadanos, sus socios de investidura. Llamativamente, esto se produce en las vísperas de que mañana Cs preste sus ocho votos al Partido Socialista para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio.

La Ley de Formación Profesional (FP) está pendiente desde el año 2014. Ciudadanos viene insistiendo en ella en primer lugar porque está contemplada dentro del acuerdo firmado con el PSOE en junio de 2015 y que permitió a Susana Díaz ser investida presidenta. Y, en segundo lugar, porque es una de las leyes que la formación naranja ha señalado como clave para la reactivación económica y laboral. De hecho, en torno a 30.000 estudiantes se quedaron fuera el último año sin poder cursar FP.

Todas las fechas que ha dado la Junta hasta el momento las ha incumplido. Susana Díaz y el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, se reunieron en el mes de mayo en el Palacio de San Telmo para evaluar el cumplimiento del pacto de investidura. De aquel encuentro salió un calendario de compromisos pendientes que se plasmó a principios de junio. Septiembre aparecía en el cronograma como el mes en el que el Consejo de Gobierno aprobaría la Ley de Formación Profesional, la Ley de Agricultura y la Ley de Mecenazgo. Ninguna de ellas ha visto aún la luz, con lo que corren ya peligro de entrar en vigor antes de que se acabe la legislatura. Queda menos de año y medio hábil, ya que a finales de 2018 Susana Díaz podría disolver el Parlamento y convocar unas elecciones que se celebrarían en el primer trimestre de 2019.

El compromiso expresado por Susana Díaz el pasado 15 de noviembre en el Parlamento no admite equívocos. «A finales de este mes remitiremos a esta Cámara la nueva Ley de Formación Profesional. Introducimos un cambio del modelo de subvenciones, pasando a un modelo acordado con los sectores productivos en el que estamos trabajando en la mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo», señaló haciendo alusión a la reactivación plena de los cursos de formación, un extremo que tampoco se ha producido.

La nueva ley, tal y como avanzó LA RAZÓN, entraña un importante desembolso económico e impacto laboral. Según recoge un informe elevado por la Dirección General de Presupuestos, la inyección será de 183 millones de euros en el marco 2018-2020 y está prevista la contratación de 1.621 profesores de Formación Profesional. No obstante, también señalaba la Dirección General de Presupuestos en su informe que dado el impacto económico tan elevado la comunidad se podría ver obligada a «reorganizar, priorizar y, en su caso, suprimir otras actuaciones».

La dilación de la Junta en las medidas comprometidas a Ciudadanos no se ciñe sólo a esta ley. Conviene recordar que el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, lleva prometiendo desde el verano de 2016 un impulso definitivo para renovar el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía y el resto de órganos de extracción parlamentaria. Ciudadanos sí ha conseguido un logro de amplia resonancia: la exención fiscal para las herencias de hasta un millón de euros. No obstante, una vez que se aprueben mañana los Presupuestos de 2018, Ciudadanos se queda sin su principal baza para ejercer presión, mientras que Susana Díaz tiene manos libres hasta el final de la legislatura.

Enmiendas del PSOE «por la puerta de atrás»

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha criticado que la disposición adicional número 24 que se ha incluido en la propuesta de presupuestos elaborada por la Junta trate de «colar por la puerta de atrás» las medidas anticorrupción. «No se quiere luchar contra la corrupción, se quiere maquillar», añadió. López explicó que dicha disposición «hace referencia a una Oficina Anticorrupción» pero «meten por la puerta de atrás en la ley de presupuestos» cuestiones como ésta que «requieren de una ley y de un debate» específico. «Por la puerta de atrás aparece que cualquier persona física y jurídica que tenga relación directa con la Junta tengan que presentar todos los datos personales y económicos que les reclame», dijo.