La Junta intensifica la salida a los mercados tras un año del retorno a la emisión de deuda pública

La Consejería prevé compaginarla con la financiación con cargo al Fondo de las Comunidades Autónomas

El retorno de la salida a los mercados de la Junta, que abandonó en 2010 por la crisis, cumple un año. Hacienda, todavía con el PSOE en el Gobierno andaluz, esperaba colocar bonos senior a 10 años por 500 millones y finalmente fueron 600 por la alta demanda. La Junta lanzó en marzo su segunda emisión de deuda pública desde que en 2018 se convirtiera en la primera comunidad en obtener autorización del Estado para el retorno gradual a los mercados financieros. En esta ocasión, BBVA, Santander, HSBC, Barclays y CaixaBank fueron las entidades seleccionadas como directoras de la emisión. La emisión, a un plazo de 10 años, «ha tenido una excelente acogida en los mercados financieros, situándose el libro de órdenes por encima de 1.900 millones. Han participado en la emisión casi 80 cuentas de 12 nacionalidades distintas», informó la Consejería de Hacienda a LA RAZÓN. Andalucía ha adjudicado finalmente 700 millones a un coste de Tesoro+22 puntos básicos (muy inferior al máximo permitido por prudencia y por debajo también (7 puntos básicos) del fijado en la anterior emisión de octubre de 2018.

El actual Gobierno conforme al Plan Plurianual de Endeudamiento presentado por la comunidad en 2018 señaló que del endeudamiento total autorizado «se prevé que un importe de en torno a 1.320 millones se financie a través de operaciones de mercado, previa autorización del Consejo de Ministros». El resto se financiará con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades. Esta cantidad es muy cercana a los 1.520 millones que el Gobierno central adeuda a la Junta y que, tras el anuncio de elecciones anticipadas, ha buscado fórmulas para pagar.

La deuda viva de Junta a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 33.867 millones, informó la Consejería. Un 78,9% de este importe, 26.733 millones, corresponde a deuda con el Fondo de Financiación a Comunidades por los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado (Mecanismos de Proveedores, Fondo de liquidez Autonómico, Fondo Social y facilidad Financiera). Un 9,7% del total, 3.270 millones, corresponde a deuda representada en valores. Un 6,6% del total, 2.236 millones, corresponde a préstamos formalizados con el Banco Europeo de Inversiones y con otras entidades financieras no nacionales. El 4,8% de la deuda corresponde a préstamos con entidades financieras nacionales. «La vida media de la deuda a largo plazo de Junta se situó a finales de 2018 ligeramente por encima de los cuatro años, con los vencimientos concentrados en el corto-medio plazo y una estructura de amortizaciones con vencimientos hasta 2038, correspondiendo las amortizaciones en el más largo plazo a operaciones de financiación al margen de los mecanismos estatales», explicó la Consejería. En el período 2019-2021 la Junta va a financiar una proporción cada vez mayor de sus necesidades de financiación a través de operaciones de mercado, conforme al Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) aprobado por el Estado. La implementación del endeudamiento se va a potenciar con la diversificación de instrumentos de financiación. También con la «diversificación de plazos de financiación». «Siempre en función de las condiciones de mercado se tenderá a formalizar operaciones a plazos largos para mejorar y reequilibrar el perfil de vencimientos actual», señalaron. El tercer elemento para potenciar la salida a los mercados es la «promoción entre los inversores de la marca Andalucía para ganar posiciones progresivamente entre los emisores recurrentes». El plan de la Junta pasa por «compaginar en los próximos ejercicios la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y a través de operaciones que el mercado permite». Para ello, se pretende «ampliar gradualmente la base inversora de nuestra comunidad, y diversificar las fuentes de financiación, incrementando la capacidad de penetración en los mercados de capital, adelantándonos así al posible escenario de una retirada futura de los mecanismos de financiación del Estado»; «ampliar gradualmente la vida media de nuestra cartera de deuda, para disminuir las cargas financieras de los próximos ejercicios, aprovechando el escenario actual de tipos históricamente bajos»; y «mantener la financiación de los mecanismos estatales mientras se incrementa gradualmente la presencia de Andalucía en los financieros». Este último punto generará, a su vez, varios beneficios: «reduce los riesgos de refinanciación, al tener asegurada la financiación de una parte importante de las necesidades a través de los mecanismos» y «para la financiación al plazo de los mecanismos, el coste es el mínimo posible (las emisiones de comunidades autónomas siempre llevan un diferencial en coste respecto a la financiación del Tesoro)». A inicios de año, el Consejo de Gobierno autorizó la formalización de operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 4.603,13 millones, correspondientes a las necesidades de financiación en 2019. Este montante se desglosa de la siguiente manera: 4.212,04 millones se destinarán a amortizar vencimientos de deuda, 223,26 millones a financiar la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a 2008 y 2009, y otros 167,83 millones a financiar el objetivo de déficit de este ejercicio (0,1% del PIB regional). «La autorización se tramita teniendo en cuenta las previsiones reales de pagos por amortización del endeudamiento de la comunidad y los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el ejercicio 2019, adecuando el escenario presupuestario de las operaciones financieras al objeto de respetar el principio contable de equilibrio presupuestario», señaló la Consejería de Hacienda.

Casi la mitad de las obligaciones emitidas se han colocado fuera del territorio nacional

Las obligaciones emitidas, con vencimiento 30 de abril de 2029 pagarán un cupón anual de 1,375%, el mínimo fijado para las emisiones de comparables realizadas en este año hasta la fecha, «fruto del buen momento de mercado y de la confianza demostrada por los inversores en la Junta», informó la Consejería de Hacienda. Respecto a la distribución por países, el 47% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando especialmente la participación de inversores alemanes y austríacos, que han alcanzado una cuota conjunta del 15%, seguido de Reino Unido e Irlanda (10%), Italia (7%), países nórdicos y Suiza (4% de la emisión en cada caso).

El 47% de las ofertas adjudicadas proceden de lo que se denomina, en los mercados financieros, «real money», es decir, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones y bancos centrales europeos e instituciones. A la emisión pública de bonos realizada con éxito en marzo, se sumó en junio la colocación a inversores privados de 343 millones a 20, 22 y 30 años. Con ello, «la Junta cubrió en apenas cinco meses más del 95% de las necesidades de financiación previstas a través de operaciones en el mercado de capitales para el conjunto del ejercicio 2019». Al éxito de la emisión pública de bonos que el Gobierno andaluz lanzó en marzo por 700 millones, que tuvo una demanda 2,7 veces superior a esa cantidad, ahora se suma la colocación a inversores privados de 343 millones a través de sendas emisiones a 20, 22 y 30 años, «formalizadas también a un coste muy inferior al límite establecido por la normativa de prudencia financiera». Esta colocación ha permitido, además, «satisfacer uno de los objetivos estratégicos principales de la política de endeudamiento del nuevo Gobierno andaluz: la ampliación de la vida media de la deuda». El consejero de Hacienda, Juan Bravo, destacó además «la magnífica acogida que ha tenido la comunidad durante el proceso y, por tanto, la tranquilidad que, como emisor, transmitimos a los agentes financieros». La Junta y el BEI formalizaron un préstamo de 230 millones para financiar inversiones bajo el Programa Operativo 2014-20 a fines de junio. Es el tercer tramo de un crédito de 725 millones en condiciones ventajosas a un plazo de 20 años para impulsar el crecimiento económico andaluz. El objetivo de esta financiación es impulsar la reindustrialización, la internacionalización de su economía y la integración social, fomentando las inversiones en formación y en educación para facilitar la inserción laboral. Con ello, se calcula la creación de más de 29.000 empleos.