La Junta dio 126 millones a ex de Delphi «contra la Intervención»

El PP ha pedido a la juez que instruye el «caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares», Mercedes Alaya, que requiera a la Junta que le remita «de manera inmediata» dos acuerdos de Consejo de Gobierno adoptados en julio y diciembre de 2011 sin informes favorables de la Intervención General por los que aprobaban fondos por valor cercano a los casi 126 millones de euros para refinanciar las pólizas de seguro a favor de los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz).

Así lo anunció ayer en Motril (Granada) la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, quien precisó que en el escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado lunes se denuncian estos dos acuerdos que otorgaron, en el citado año, sendas ayudas de 65 millones y 61 millones de euros a los trabajadores de Delphi, «a pesar de que en un caso no había informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta y en el otro el informe de la Intervención era contrario a la tramitación del ERE de Delphi». Martínez explicó que «ambos acuerdos, fechados el 12 de julio de 2011, y el 7 de diciembre del mismo año, están firmados por el presidente de la Junta, José Antonio Griñan, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, pero no se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a pesar de su cuantía». Los dos acuerdos que se solicitan al Gobierno andaluz en el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se refieren en concreto, por un lado, a uno del Consejo de Gobierno fechado el 7 de diciembre de 2011 por el que se autoriza la refinanciación de la póliza de seguros a favor de los operarios de Delphi por un importe de 60.949.612, 30 euros. Por otro, a un acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2011, para idéntico concepto, por una cuantía de 64.800.981,18 euros.

Según el PP, la gestión del primer acuerdo se encomienda a la agencia IDEA, a pesar de la existencia de un informe de la Intervención contrario a la tramitación del ERE de Delphi, «puesto de manifiesto en informe de fiscalización de disconformidad firmado el 15 de noviembre de 2011 por la interventora general de la Junta Rocío Marcos Ortiz», explicó Martínez. A la misma agencia pública se le encarga también la tramitación del segundo , «su pago y seguimiento con plazo hasta el 21 de marzo de 2022», aseveró la dirigente popular. Para Martínez, estos acuerdos demuestran que «el dinero de los ERE, en este caso el de Delphi, se utilizaban por el Gobierno andaluz para comprar la paz social, sin procedimiento, saltándose los controles de intervención, a pesar de que señalaban la presencia de intrusos y advertían de la falta de justificación».

Desde la Consejería de Economía se aseguró ayer que es «absolutamente falso» que la Junta haya aprobado pólizas para los ex trabajadores de Delphi «con informes en contra de la Intervención» o que esas pólizas «presenten irregularidades». Mantuvieron, asimismo, que también «es absolutamente falso» que el ex presidente aprobara pólizas con «irregularidades», como dice el PP.