La Junta de Andalucía incumple la normativa de publicación de contratos públicos

El Parlamento en cambio sí lo hizo en 2016 y este año, según Transparencia Internacional

Cada época reclama sus estándares en cuestiones como la transparencia y en ésta los que deben cumplir las administraciones se han elevado con respecto a otras anteriores. Con todo, hay quien aún continúa en la cuerda floja entre lo predicado y lo actuado. En ese contexto, Transparencia Internacional España realizó en 2016, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP), dos análisis –uno en enero y otro en julio– del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas estatales de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado. De ambos se extrajo una conclusión: la vulneración de esa normativa por parte de una gran cantidad de entidades como ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones o universidades, por lo que la organización llevó a cabo un tercer estudio en mayo de este año en el que se pusieron de manifiesto algunas mejoras.

Si bien, por lo que respecta a Andalucía hay dos instituciones, la Junta y la Cámara regional, cuyas imágenes en el espejo en los que las colocaron esos trabajos de Transparencia Internacional no se han movido ni un centímetro y son diametralmente opuestas.

De un lado, el Gobierno andaluz que capitanea la socialista Susana Díaz «no cumple» la ley ni publica los contratos ni las licitaciones en la plataforma virtual con la que cuenta. Y no lo había hecho ni en enero del pasado ejercicio, cuando otras tres comunidades sí acataron la ley; ni en julio del mismo año, cuando el número de regiones cumplidoras se elevó hasta las seis; ni en mayo del actual, con ya diez comunidades menos opacas.

Por contra, el Parlamento autonómico consiguió un «sí» en todos esos apartados, tanto en lo relativo a las dos mediciones que se produjeron en 2016 como a la desarrollada ya en 2017, a la luz de la documentación que maneja la organización y que es accesible en su página web. El número de cámaras autonómicas cumplidoras era de cinco en la pasada anualidad, cifra que se alzó hasta los nueve en mayo de la actual.

Andalucía cuenta con una Ley de Transparencia que entró en vigor en el verano de 2014 pero cuyo reglamento aún no ha sido desarrollado. Tiene también un consejo centrado en esa materia y en la protección de datos que se creó en virtud del artículo 43 de aquella norma y que dirige Manuel Medina, quien admitió en una resolución que el ente carece de personal cualificado suficiente, tras una denuncia que interpuso el PP.