La herencia recibida: Empleo sigue dando ayudas sin que se justifiquen las anteriores

El Gobierno saliente de Susana Díaz ha aplazado justificaciones de subvenciones hasta el día previo a la toma de posesión de Moreno

La herencia que va a recibir PP y Cs en la Junta conlleva hechos consumados: unos Presupuestos prorrogados y en sobreaviso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ante la necesidad de un ajuste adicional de dos décimas para cumplir el déficit y la regla de gasto o la indemnización de más de 420 millones por el caso del centro comercial Nevada de Granada, los retrasos del metro de Sevilla; y la paralización de una central eléctrica en San Roque. Y una serie de prácticas que, como la «gota malaya», condicionan el día a día de la Administración pública. La polémica por el uso por parte de la Junta de las exoneraciones y exceptuaciones de justificación de ayudas a entidades y administraciones locales, fundamentalmente relacionadas con los cursos de formación, viene de largo pero en la práctica continúa realizándose pese a que, en teoría, se puso fin con la llegada de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta. La realidad es que el Gobierno saliente ha realizado exceptuaciones, consideradas como «un atajo administrativo», hasta el día previo a la toma de posesión de Juanma Moreno.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogió el pasado 17 de enero, un día después de la elección de Moreno como presidente en el Parlamento y un día antes de su toma de posesión, la resolución del pasado 28 de diciembre por la que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) «exceptúa» a una serie de entidades locales «con el objeto de proponer el pago de subvenciones concedidas en los expedientes relacionados, por considerar que concurren las circunstancias de especial interés social». Los beneficiados, en esta ocasión, son los ayuntamientos de Olvera, El Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Puente Genil, Granada, Loja, Motril, La Carolina, Úbeda, Estepona, Mijas, Torrox, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermana, Sevilla y Utrera, así como las diputaciones de Granada y Jaén.

El BOJA argumenta que «el SAE, organismo que gestiona los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo, se enfrenta a la imposibilidad de abonar los pagos anticipados previstos para cubrir los gastos derivados de la gestión de estos programas –de Orientación, en este caso–, fundamentalmente por el hecho de que algunas entidades beneficiarias constan en la plataforma de gestión económica-financiera de la Junta de Andalucía que tienen subvenciones pertenecientes a otras líneas de ayudas pero con cargo al mismo programa presupuestario pendientes de justificar». «Esta situación, en la mayoría de los casos, no se ajusta a la realidad, ya que, aun habiendo justificado las entidades en tiempo y forma la subvención, esta justificación puede encontrarse en proceso de comprobación por parte del órgano concedente de la subvención». Uno de los objetivos marcados por el nuevo Gobierno PP-Cs es, precisamente, la eliminación de entes con funciones similares y de trabas administrativas. Ambos han anunciado que pretenden «meter mano» a la «patata caliente» de la Administración andaluza, empezando por una auditoría y por retomar la comisión de investigación de la Faffe, la fundación que sirvió para, entre otras cosas, recolocar a «enchufados» del PSOE, ex alcaldes y otros cargos, así como allegados, y de donde salieron los fondos de las tarjetas que sufragaron las fiestas en puticlubs que investiga la Justicia. De entrada, la nueva consejera de Empleo anunciada por Cs, Rocío Blanco, directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, llega con la vitola de ser una experta en levantar las alfombras.