La Guardia Civil confirma el «menoscabo de fondos públicos» en el caso de los ERE

Un comandante ratifica que «el sistema era conocido» por miembros del Consejo de Gobierno

«Mi concepto de lo que es un menoscabo de fondos públicos se daba». Lo aseveró ayer uno de los investigadores en el juicio de la pieza política de la «macrocausa» que quedará marcada a hierro ardiente en la historia judicial de Andalucía, la de los ERE presuntamente fraudulentos. El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó ante el tribunal que en su opinión policial, y entendiendo el menoscabo «como el daño real y efectivo a fondos públicos», el quebranto «sí» se produjo en este caso, pese a que los ex altos cargos encausados, lista que incluye a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo niegan.

Su declaración dejó un rastro de ratificaciones, entre ellas la del atestado del grupo de delitos económicos de la UCO de 2012 en el que ya se apuntó a que los miembros del Consejo de Gobierno «conocían» el procedimiento para abonar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de la Junta que ahora se enjuicia, basado en el convenio marco que firmaron la Consejería de Empleo y el IFA –luego agencia IDEA–. A preguntas del representante procesal del PP-A, Luis García Navarro, el comandante confirmó en la Audiencia de Sevilla su creencia de que «el sistema era conocido». Precisó que los agentes implicados en estas pesquisas no llegaron a esa conclusión «de manera caprichosa», sino que lo hicieron «en base a manifestaciones de determinados investigados» cualificados y con un «papel» relevante como el ex interventor general de la Administración autonómica, Manuel Gómez, o el ex viceconsejero y ex consejero de Empleo Antonio Fernández. A ello sumó que se fijó por un Decreto quienes eran «los destinatarios obligados» de los informes de la Intervención General entre los que «figuraban los consejeros de Economía y Hacienda» y los de los departamentos a los que estuvieran adscritos «por ejemplo el IFA/IDEA –Empleo e Innovación–». Además hicieron «análisis que permitieran objetivar» si los informes, en algunos de los cuales se alertó de anomalías, «llegaban o no a su destino» y se tuvieron en cuenta la participación en mecanismos como «la elaboración o recepción de las fichas presupuestarias y de las modificaciones» de las cuentas. Y hay más: «Si a mí Antonio Fernández me dijo que estos temas los ha tratado en el consejo general de viceconsejeros –los llamados 'consejillos'– estando presente el consejero de Presidencia y que ha sido objeto de debate, pues me lo está diciendo alguien que formaba parte de esa comisión», añadió. Y remató anotando la importancia de que al pasar a depender IFA/IDEA de la Consejería de Innovación, se superó «el concepto de que esto es sólo Empleo». En todo ello soporta la Guardia Civil, en definitiva, su tesis de que el Consejo de Gobierno supo del método de reparto del dinero bajo sospecha que la Fiscalía cifra en 741 millones de euros y el juez instructor en 855.

Navarro insistió en querer saber si en concreto Hacienda –área de la que fueron titulares los señalados Griñán y Magdalena Álvarez– estaba al tanto del procedimiento y el comandante volvió a responder: «Desde nuestro punto de vista policial creemos que sí». Aunque luego matizó, a interrogantes de las defensas, que hubo algunos informes que no pudieron comprobar dónde llegaron, si se recibieron o no en Hacienda.

El testigo repitió afirmaciones oídas antes en Sala como que no encontraron «norma reguladora» para repartir unas ayudas que gestionaba «una plantilla muy escasa, poco preparada» y falta de recursos, y que lo habitual era que no hubiera ni peticiones formales de la subvención. Es más, relató que en la época en la que Francisco Javier Guerrero estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo, «podía no haber ni ERE» y lo que arrancara el «compromiso» de pago «podía ser una simple carta» de aquél. Constató la existencia de pagos cruzados y de intrusos, cuya inclusión en los expedientes atribuyó a «afinidades familiares, políticas o de amistad». Citó a parientes del «conseguidor» Juan Lanzas o a la mujer de Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero, quien recibió «tres ayudas de 450.000 euros». Mencionó también que en el ERE de Surcolor vinieron «de la mano de un ex concejal del PSOE de Camas» y eran «el marido» de una ex edil y «un concuñado del delegado provincial de Empleo –Antonio Rivas–». Una secretaria de Guerrero «metió» a «un amigo de su hermana» en «Aglomerados Morell» y otra «había recibido una ayuda para la compra de material de prevención de riesgos laborales y de una furgoneta» por parte de su «marido». Detectaron en Surcolor incluso que «la vida laboral al responsable de Vitalia –una mediadora– se le emite desde la sede del PSOE de Camas», lanzó.

«Fue la UCO la que le sugiere a Alaya un método de trabajo»

El comandante de la UCO que declaró ayer sacudió a la Sala del marasmo con sus palabras en varias ocasiones y contribuyó a tumbar teorías que circulan alrededor del «caso ERE» como que fue la primera instructora de éste, la jueza Mercedes Alaya, la que impuso su versión de los hechos a los investigadores. A preguntas de Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del ex consejero Antonio Fernández, el investigador admitió haber mantenido «reuniones de trabajo» tanto con Alaya como con «la Fiscalía Anticorrupción». Entonces, el letrado se interesó por si recibieron por parte de la instructora «pautas en relación a la hipótesis de trabajo de la que se partía» en sus pesquisas, a lo que el aludido contestó que se les trasladó «el qué había que investigar de una manera genérica» y «el cómo» lo decidió la Guardia Civil. «Hasta el punto –completó– de que en septiembre de 2011 fue la UCO la que le sugiere a la jueza Alaya un método de trabajo que luego acuerda en un auto del día siguiente, es decir, nos caracterizamos, por las tipologías delictivas a las que nos dedicamos, a tener una iniciativa importante en este tipo de procedimientos», defendió. Y remató: «No parto de hipótesis, mis ideas o como creo que han sucedido las cosas responden a la evolución lógica de la investigación».

Más datos

*El presidente del tribunal enjuiciador, el magistrado Juan Antonio Calle, ha dado cinco días a la Fiscalía y a las defensas de los ex altos cargos encausados para que se pronuncien sobre la petición del PP-A de investigar si la Junta falseó un documento aportado por la representación procesal de José Antonio Griñán por si fuera «constitutivo de delito». Se trata de una modificación presupuestaria de diciembre de 2004 aprobada por el Consejo de Gobierno para aumentar la partida destinada a las ayudas en el punto de mira.

*Al margen del juicio, la actual instructora del «macroproceso» de los ERE, María Núñez, ha archivado lo actuado contra el ex dirigente de CC OO Roberto Carmona Soto en la pieza separada centrada en la ayuda a Boliden.