Emilia se despoja de la ropa y entra en la ducha. Vive sola, tiene más de ochenta años. No recuerda cuándo hizo la obra para salvar las dificultades de la bañera, pero el riesgo de una caída accidental sigue asomándose a su baño. Por eso no está totalmente desnuda, lleva un dispositivo electrónico al cuello. Esa misma precaución la toman a diario cientos de mayores y puede salvarles la vida. Pulsando un botón, una persona les responderá al otro lado interesándose por ella: llamará al médico si es necesario; si el usuario no responde, recurrirán al familiar de contacto para que acuda en su ayuda. Así funciona el servicio de teleasistencia que creó la Junta hace 16 años, dando cobertura a 215.000 dependientes, con 15.000 llamadas diarias. Para Emilia, que cumple con el perfil medio de mujer, sola y con ochenta años cumplidos, es gratis –existen bonificaciones para los 18 euros mensuales que cuesta–. A cualquier hora hay alguien al otro lado de ese aparato. Hasta el lunes 11 de junio. Ese día será muy difícil que puedan atenderse todos los avisos porque los 1.500 profesionales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia están llamados a la huelga.

CC OO, UGT y CGT han convocado un paro indefinido con un trasfondo económico, pero no sólo. «Nos encontramos en la situación de que una persona que realiza el mismo trabajo que otra, con las mismas condiciones y horas, tiene una diferencia de salario de hasta trescientos euros. Y estamos hablando de sueldos de novecientos euros», explica Belén Supervia, representante de CC OO en la agencia pública. Denuncia que «el gran problema es que profesionales al amparo del mismo convenio tienen condiciones laborales diferentes porque se dejaron de aplicar ciertas mejoras por los recortes de la crisis». Los teleasistentes y administrativos, los más afectados, conforman el grupo más numeroso, unos seiscientos. Para comprender esa desigualdad hay que retrotraerse hasta 2012. En esa fecha perdió su vigencia el convenio que los amparaba –estarían excluidos de él los funcionarios, que realizan la valoración de los posibles dependientes para establecer si lo son y su grado–. «Entonces aguantamos porque estábamos en plenos recortes y era muy absurdo sentarse a negociar en ese escenario. Por fin en 2015, cuando la situación mejoró, nos sentamos con la Junta», relatan dede CC OO. El origen se encuentra también en la fusión de dos fundaciones públicas que convergieron en 2011 en la actual Agencia de Servicios Sociales, que engloba drogodependencia y toda la cartera de atención a dependientes.

El sindicato critica sobre todo la manera de actuar de la dirección de la agencia, tras establecer un preacuerdo que la Consejería de Hacienda ha rechazado después de casi un año de silencio. «Hacienda autoriza mesas de negociación pero da instrucciones de que el crecimiento de masa salarial tiene que ser cero, mientras los responsables negocian por encima de eso. Están mareando a cientos y cientos de trabajadores», lamenta.

«Ya no podemos asumir más trabajo. Estamos haciendo un esfuerzo brutal para que todo esto no condicione el día a día a esas personas porque atendemos a colectivos muy sensibles», admite Supervia. Ellos descuelgan también el teléfono del Mayor y el de la Infancia, «servicios que se crearon sin dotación de personal, súper delicados porque son denuncias de posibles maltratos». «Ahora se está incorporando el sistema de teleasistencia avanzada, con detectores de humo y caídas. Habrá que atenderlo también con el mismo personal que somos ahora», una plantilla que, insiste, ya soporta una gran presión. Como refuerzo, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales va a contratar a 60 teleasistentes en Málaga y Sevilla y a cuatro profesionales en las unidades de valoración de Cádiz, Córdoba y Málaga.

El abandono total del Gobierno de España: sigue sin pagar su parte

Escurrir responsabilidades es una de las prácticas favoritas de las administraciones públicas, especialmente si enfrenta a dos de distinto color político. En este caso, sin embargo, la Junta está cargada de razón cuando achaca las dificultades de la aplicación de la Ley de Dependencia al Gobierno de España porque está incumpliendo sistemáticamente su obligación de aportar la mitad de su coste. En vez de al 50-50%, como estaba estipulado, la factura se reparte al 18%-82%, suponiendo para Andalucía un desembolso este año de 1.214 millones –la misma cifra que aporta el Ejecutivo para toda España–. Según el balance ofrecido por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, los recortes aplicados por Mariano Rajoy en materia de dependencia suman 730 millones de euros desde 2012. Esa cantidad, recuerda la Consejería, habría servido

para atender a 105.000 personas más.