La cláusula suelo sigue vigente en hipotecas pese a ser nula

Un cordobés y una sevillana, amparados por la UCA-UCE, viven experiencias opuestas: él ya ha conseguido el dinero, mientras ella sigue pagando 300 euros extra cada mes en su préstamo, a pesar de tener una sentencia a su favor que exigía la devolución íntegra

El día antes de que la Lotería de Navidad pasara prácticamente de largo por Andalucía, cientos de familias recibían la noticia de que el «pellizco» ansiado estaba en casa. Concretamente, en el contrato de la hipoteca de su vivienda que firmaron con su banco y que obligaría a devolver las cantidades indebidamente abonadas por la cláusula de suelo, declarada nula en 2013 por el Tribunal Supremo y que, todavía hoy entidades como el Popular siguen cobrando a sus clientes. El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) fue contundente: la declaró nula por abusiva, instando a su devolución desde la firma, sin límite temporal. La eliminación de la retroactividad impuesta por el Supremo quedaba así anulada, pero éste es solo el primer paso de un arduo proceso que los afectados deberán recorrer para optar, de media, a 11.000 euros de devolución, más intereses –calculado sobre una hipoteca de 150.000 euros a 25 años–.

Javier Moreno es uno de los pocos «agraciados» que ha salido airoso de los tribunales. Prácticamente al unísono con el pronunciamiento del TJUE, recibió en su cuenta el ingreso del Banco Popular correspondiente a tres años de abusos por la clásula suelo. Autónomo en una empresa de electricidad, el año pasado sufrió dificultades para pagar los 750 euros mensuales de hipoteca. Debía dos meses y solicitó un período de carencia, por el que la cuota se redujo a 40 euros, asumiendo solo intereses en los próximos cinco años. Antes había pedido por escrito a su entidad que anulara la cláusula que estaba inflando su hipoteca en 300 euros al mes. «Me di cuenta de que podía tenerla porque la hipoteca no me bajaba. Llegué a pagar 830 euros, pero cuando el Euríbor empezó a caer, mi cuota no lo hacía», explica.

En 2015 acudió a los tribunales, a través de la Unión de Consumidores (UCA-UCE). El Mercantil 1 de Córdoba resolvió a su favor. Su caso se cerró rápido, pero él mantiene que «el juez apoya a los bancos en vez de al consumidor. Si algo es ilegal, tendría que serlo desde siempre», denuncia este cordobés, que asegura que reclamará la devolución de los 23.000 euros que le corresponden por el abuso desde la firma de hipoteca, en 2008. «Voy a ir a por ellos», asegura Moreno. «Yo opté por denunciar, pero habrá gente a la que le habrán quitado su piso por estas cosas. No entiendo que tengamos que llegar a un juicio para reclamar lo nuestro, porque a lo mejor hay personas que no lo pueden asumir. La ley está hecha para el más grande», critica.

El fallo del TJUE supone un auténtico varapalo para la banca, que tendrá que desembolsar en torno a 4.200 millones de euros –otros cálculos cifran en siete mil millones las devoluciones–. Las más abultadas corresponden al BBVA, con 1.200 millones; seguido de Caixabank, con 750 millones; Sabadell, 353; Popular, 334; Bankia, 129; y Liberbank, 129.

Ofrecer un dato de los perjudicados en Andalucía es difícil. En eso coinciden todos los agentes consultados, pero se sabe que la mitad de los 3,5 millones de afectados en España se localiza en tres comunidades: Andalucía, Cataluña y Madrid. Como muestra, en octubre pasado se firmaron en Andalucía casi seis mil hipotecas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En pleno «boom», las firmas en ese mismo mes en 2007 superaban las 33.600. El negocio no estaba solo en los bancos, si no también en las notarías, convertidas en «romerías» de compradores sin siquiera tiempo material para revisar el contrato que estaban suscribiendo, como denuncian desde UCA-UCE.

En el extremo contrario a Javier se encuentra María José Castro. Esta sevillana fue la primera andaluza en recibir un fallo favorable, admitiendo la nulidad de la cláusula suelo y la restitución íntegra desde la firma. En su sentencia de septiembre de 2014, el juez del Mercantil 1 de Sevilla reconocía que «en sí, la cláusula suelo es clara» respecto a las restricciones que imponía, pero quedaba «enmascarada» entre «una abrumadora cantidad de datos». Pese a ser el eje del contrato, el banco apenas le dedicaba cuatro líneas bajo el epígrafe «límite a la aplicación del tipo de interés variable». La nulidad la provocó el hecho de que el banco la situaba en el contrato desligada del resto de cláusulas, en las que teóricamente establecía que el interés del préstamo sería variable, cuando en la práctica no lo fue. El juez se desmarcaba de la doctrina del Supremo señalando que en este caso la devolución «no va a tener trascendencia en el orden público económico» –ése fue el argumento del TS para fijar el límite de retroactividad en mayo de 2013, al juzgarse a tres grandes bancos–.

María José, sin embargo, continúa esperando la resolución de su caso: el Banco Popular recurrió y la Audiencia le dio la razón. Está a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para ella, lo peor es que continúa pagando esos 300 euros mensuales de más pese a toda la jurisprudencia y a contar con una sentencia inicial a favor. «Me siguen aplicando la cláusula suelo. Solicitamos la ejecución provisional hasta que se resuelva el proceso y que se elimine porque es nula de pleno derecho, pero se han opuesto también», se queja. El juez del Mercantil 1 de Sevilla resumió en su fallo la esencia del conflicto de las cláusulas suelo, de forma más escueta –y también más clara– de la que los bancos engañaban a sus clientes: «cuanto más tiempo corra, mejor para la entidad financiera».