La Cámara de Cuentas: «Toca pedir responsabilidades por otro lado»

Ciento veinte personas componen la Cámara de Cuentas de Andalucía; de ellas, 70 asumen la fiscalización de todos los organismos públicos de la comunidad. Una estructura ínfima teniendo en cuenta que sólo los municipios andaluces suman 771. A ello habría que añadir consejerías, agencias, fundaciones y organismos autónomos, así como las diputaciones, mancomunidades y consorcios. Una maraña que rondaría el millar de objetivos para controlar el gasto de miles de millones cada ejercicio. Una tarea ingente e ingrata a tenor de los resultados: la mayoría de las recomendaciones y alertas sobre mal uso de fondos públicos son ignoradas por sus destinatarios.

Los informes de seguimiento puestos en marcha corroboran que «algunas medidas sí se toman» pero la tónica general es pasar por alto el dictamen. «El papel de la Cámara es necesario, pero hay que 'echarle cuentas'», señalan fuentes del ente.

Ante la duda de su utilidad, las mismas fuentes defienden que «hace su papel, para lo que fue creada. Ahora toca pedir responsabilidades por otro lado». Y afinan un poco más: «Los informes se remiten a los grupos políticos y al tribunal de Cuentas, que es quien tiene capacidad sancionadora». Blanco y en botella.

En un informe de calado como el que analizó las subvenciones de la Junta de más de 1,8 millones en 2010 trabaja un auditor «seis o siete meses». Las últimas diligencias practicadas por la juez Mercedes Alaya dentro de «la trama de los ERE» han puesto en cuarentena la necesaria independencia del órgano de control por no advertir ilegalidades entre 2001 y 2010. En esa línea, el anuncio de la presidenta Susana Díaz de que dotará a la Cámara de competencias sancionadoras quiere abanderar ese «nuevo tiempo» que pregona.

Ayudas a empresas

En un informe de seguimiento fechado en 2008 sobre subvenciones de la Junta a empresas privadas entre 1995 a 1999, la Cámara incide en que sigue sin primarse adecuadamente la creación de empleo. De hecho, se puntúa igual mantener los puestos de trabajo que crear entre 10 y 20. Los despidos no bloquean la ayuda pública, simplemente no se le valora ese apartado.

Subvenciones a discreción

Todas las ayudas concedidas por la Junta en 2010 que superaban los 1,8 millones fueron escrutadas por la Cámara de Cuentas. Del análisis se desprende que hubo asociaciones, como la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, UAGA-COAG, que emplearon dichos pagos para sueldos a sus dirigentes –en forma de dietas mensuales de importe fijo–; o el hecho de que la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica se financie exclusivamente por esta vía, a la que carga el alquiler y dietas «excesivas». Destaca el generalizado incumplimiento de plazos y la falta de justificación de facturas que corroboren las inversiones, incluso en organismos como el Ayuntamiento de Sevilla o las diputaciones de Málaga y Granada.

Publicidad «a dedo»

El proceder de Prodetur, un organismo autónomo dependiente de la Diputación de Sevilla fue reiteradamente puesto en entredicho durante su fiscalización. En un informe de 2007, la Cámara advirtió, entre otras muchas anomalías, de que los contratos publicitarios con medios de comunicación se adjudicaban de manera directa, independientemente de su cuantía –lo que vulgarmente se conoce como «a dedo», sin concurrir varias ofertas–. Seis años después, la Diputación socialista continúa otorgándolos exactamente igual. Este mismo año, diversos medios de comunicación han sido regados con hasta 141.000 euros de «golpe» sin mediar concurso. Una metodología que, según advirtió en 2007 el ente, vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La primera edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta exhibió sus deficiencias y las artimañas para hacerse con contratos en ocasiones hasta de seis cifras, con el único criterio de crear empleo –que no se certificaba a posteriori–. La Cámara alertó de incumplimientos en el deber de contratación en una de las dos obras auditadas al azar y encargada por la Diputación de Cádiz, que debía reintegrar a la Junta 84.000 euros. El Ayuntamiento de Sevilla, también empleó fondos no justificados, así como la Diputación de Jaén; ambas debían devolver 20.000 y 121.000 euros. El de Almería también fue señalado por desviar un presupuesto sin demostrar la creación de empleo. Las recomendaciones quedaron de nuevo en un cajón.

Sector público local

La aprobación fuera de plazo de los presupuestos municipales es la mayor lucha. Sólo 37 ayuntamientos, 4 diputaciones y 52 organismos autónomos lo hicieron. El porcentaje de cumplidores sigue siendo hoy ínfimo. Entre los grandes consistorios, Granada, Jaén y Málaga destacan por «maquillar» sus empleados, ocultándolos en la Relación de Puestos de Trabajo elaborada.

Residencias sin acreditar

En otro de sus seguimientos, la Cámara detecta que continúan operando centros residenciales para mayores sin acreditación y critica que incluso existan tres públicos que no cuenten con ella. Casi diez años después, según pone de manifiesto, continúa sin reducirse el tiempo de espera para cubrir vacantes –un mes y medio– y en algunos casos, como en las delegaciones de Jaén y Cádiz, es habitual que sigan sin certificarse los ingresos de los beneficiarios para comprobar si efectivamente deben ser beneficiarios de ayudas.