El cerebro de la mayor trama de corrupción conocida en España estudia declararse culpable en 122 procedimientos judiciales para intentar conseguir disfrutar de beneficios penitenciarios debido a que su situación se complica y no consigue ningún permiso carcelario.

El cerebro de la mayor trama de corrupción conocida en España, Juan Antonio Roca, estudia declararse culpable en 122 procedimientos judiciales para intentar conseguir disfrutar de beneficios penitenciarios debido a que su situación se complica y no consigue ningún permiso carcelario.

En los últimos meses ha recibido dos grandes reveses, el primero cuando el Tribunal Supremo elevó su condena por el caso Malaya a 17 años, seis años más de prisión sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga, y luego, cuando en enero se le notificó que había 102 nuevos procedimientos por los informes de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo del 2002 al 2006.

Por todo ello, a Roca, aunque intenta no derrumbarse cada día, le pesan más los días en prisión -lleva más de diez años encarcelado (ingresó el 29 de marzo del 2006)- y busca la manera de conseguir beneficios penitenciarios.

Roca ya ha expresado su intención de declararse culpable en todas las causas pendientes de juicio y las que se encuentran instruyéndose en los juzgados de Marbella, que son más de un centenar, aunque el problema es que con ello podrían verse implicados numerosos empresarios.

La noticia ha sido bien acogida en el ámbito judicial, según han indicado a Efe fuentes judiciales, porque ello podría suponer un ahorro económico y porque se implicaría directamente a otras personas que podrían haber cometido ciertos delitos.

El primer paso que tiene que dar ahora Roca es presentar un escrito en la Fiscalía de Málaga comunicando su intención y luego será Anticorrupción la que tenga la última palabra de si acepta o no algún tipo de pacto.

Hasta ahora, el "jefe"de todos los asuntos urbanísticos de Marbella siempre ha negado haber recibido dinero a cambio de irregularidades y ha mantenido que no hubo perjuicio a las arcas municipales.

Ya en Málaga se llegó a un pacto con exconcejales del GIL de tres corporaciones consecutivas entre 1995 a 2006, cuando se destapó el caso Malaya, para no celebrar juicios urbanísticos.

En dicho pacto entre la Fiscalía y los exediles se establecía una condena por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito.

Juan Antonio Roca también está pidiendo que se le refundan las penas impuestas en las sentencias firmes -Saqueo 1 y 2, Minutas, Belmonsa, Urquía, y Malaya- para que de esta forma se le aplique el triple de la pena mayor (siete años), con lo que tendría que cumplir 21 años, según las fuentes.

Una vez se cumplimente el requisito de la refundación de condenas y se haga una nueva liquidación, se podrá ver en qué situación se queda para seguir pidiendo permisos, avanzar de grado o conseguir beneficios para pernoctar fuera de la cárcel.

Montserrat Martínez/Efe