SEVILLa- Mercedes Alaya imputó ayer cuatro delitos a dos ex secretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pues considera que ambas habrían facilitado la inclusión de «intrusos» vinculados al PSOE y habrían sido conocedoras y «partícipes» de la tramitación de expedientes con los que «se estarían repartiendo a discreción miles y miles de euros de fondos públicos».

La magistrada imputa a María Ángeles Gala y Rocío Sayago un delito de tráfico de influencias y tres delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos, según el acta de sus comparecencias, a las que ha tuvo acceso Europa Press.

Al término de sus comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de responsabilidad civil de 220.000 euros para Gala y de 80.000 euros para Sayago, petición a la que se han adherido las acusaciones que ejercen la Junta y el sindicato Manos Limpias.

Rocío Sayago se acogió a su derecho a no declarar, mientras que María Ángeles Gala, tras responder a dos preguntas de la juez, hizo lo mismo alegando que se encontraba mal. Sí respondió a varias preguntas formuladas por su letrado, quien expresó su protesta por entender que, en la transcripción de las respuestas, «no se ha recogido con fidelidad las palabras que manifestaba, siendo repreguntada, reconvenida y advertida de lo conocido por la investigación».

La instructora considera que las dos imputadas «serían conocedoras de los numerosos 'intrusos' en pólizas de prejubilaciones» de distintas empresas, entre los que cita a José Antonio García Prieto, Ricardo Medina Barrios y José Acevedo López, «militantes del PSOE de Camas que acudirían en comandita a ver a Guerrero a su despacho». También alude al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a quien «se consiguió una ayuda» gestionada por ambas encausadas, a quienes les atribuye haber sido «plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados» y del «presunto tráfico de influencias» del conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT-A Juan Lanzas sobre Guerrero «y del negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros».

En el caso de Gala, Alaya le imputa haber conseguido una póliza de rentas para «su amigo» José Luis Llorente Herrero con un coste para la Junta de 165.585,75 euros.

A preguntas de su abogado, Gala ha explicado que "cuando salta a la prensa todo este tema y lee que su jefe ha podido cometer actos ilegítimos, se asusta por si le puede afectar por estar trabajando a su lado y que pudiera perjudicarle el haber difundido el currículum"de José Luis Llorente, "y es por eso que habla con él para que diga que no la conoce".

A este respecto, ha dicho que en esta época su marido se encontraba en paro "y en ningún momento se le pasó por la cabeza pedir un trabajo para él, entre otras cosas porque el perfil de su marido no encajaba en la Administración", mientras que el de José Luis Llorente sía