El Ministerio Público cree probado que sabían que Empleo daba ayudas sin control

Durante su declaración en el juicio de la pieza política del «caso ERE», el ex director general de Trabajo de la Junta investigado Francisco Javier Guerrero ya se desvinculó, al no ratificarlos, de sus testimonios policiales en los que dejó entrever cuestiones como que el ex presidente andaluz y también encausado Manuel Chaves, lo conocía. Ayer se confirmó en la Sala un cambio, no de estrategia pero sí de dirección jurídica. Su abogado en la vista oral desde hace unos meses, José Ávila, considera el de los ERE un «caso laboral con repercusión penal» y defendió durante la lectura de sus conclusiones definitivas, que su cliente actuó «dentro de los límites legales» y con un sistema «dado pos sus superiores», en concreto se refirió a «consejeros y viceconsejeros», dejando al margen al propio Chaves y al que fuera su sucesor en San Telmo –sede del Ejecutivo autonómico–, José Antonio Griñán, sentado en el banquillo como ellos.

Ávila sostuvo que las ayudas públicas ahora bajo sospecha –repartidas hasta un montante de 850 millones, según cifró el juez instructor– se otorgaron «en base a la normativa estatal –una Orden ministerial de 1995–», al ser la Administración nacional la «competente para regular» las subvenciones «sociolaborales». El letrado quiso dejar claro que Guerrero asignó los fondos «de forma lícita sin ánimo opaco ni ocultamiento a la Intervención delegada en Empleo, con un procedimiento que le fue dado por sus superiores, consejeros y viceconsejeros». El ex director general de Trabajo es el único que ya ha entrado dos veces en prisión por el «caso ERE» y sabe, como aseveró a LA RAZÓN, que «tiene papeletas» para volver a hacerlo. Con todo, salió «contento» por la defensa desplegada por su nuevo abogado, que sustituye a Fernando de Pablo. Al margen de Guerrero, la mayoría del resto de los representantes procesales de los 22 encausados pusieron el foco en lo que consideran «un déficit de concreción» en los hechos imputados a los enjuiciados en las conclusiones definitivas del Ministerio Público, a las que se adhirieron las otras acusaciones particulares.

La Fiscalía, por su parte, fue más allá que el abogado de Guerrero al considerar que en el juicio, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Sevilla, se ha «probado» que la Consejería de Empleo disponía de fondos públicos «sin sujeción a control alguno» para dar ayudas «prescindiendo del procedimiento legal» y que los ex presidentes, ex consejeros, y ex viceconsejeros del Gobierno autonómico lo sabían. Así lo hace constar en su informe final, que comenzó a exponer.