Guerrero: el investigado de las 101 causas y ahora una «troupe» de abogados

Está encausado ya en 100 piezas de los ERE, al margen del juicio, y pretende que la Junta le pague su defensa

La «macrocausa» en la que se investigan expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía y presuntamente fraudulentos no es grácil, sino más bien de nadar lento como el tiburón de Groenlandia. A ello contribuye la multiplicidad de piezas en las que se ha atomizado, más de doscientas, desde que arrancara el proceso en 2011 y el elevado número de investigados. Uno de ellos, el ex director general de Trabajo autonómico Francisco Javier Guerrero, podría convertirse en el hombre de los al menos 101 pleitos.

El ex alto cargo forma parte de los 22 encausados en el bloque centrado en el procedimiento específico por el que el Ejecutivo regional repartió los fondos públicos analizados, un contingente de 855 millones de euros según cifró uno de los jueces instructores. Se trata de la causa que afecta a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocida mediáticamente como la rama política, que ya se juzga en la Audiencia Provincial de Sevilla. Pero además Guerrero está señalado en un centenar de otras piezas. Así queda reflejado en un escrito elevado al juzgado que desbroza el caso, el de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se enumeran por orden alfabético los cien procedimientos, empezando por el centrado en ABB y terminando por el que gira en torno a Zoilo Ruíz Mateos, con ocho ayuntamientos y decenas de otras empresas subvencionadas de por medio; y al que se adjunta un poder general para pleitos que el ex director general ha otorgado a una serie de profesionales para que lo representen. De hecho, la instructora de la «macrocausa», María Núñez, ya los ha dado por personados y acreditados en una providencia, fechada el pasado 12 de septiembre y a la que tuvo acceso LA RAZÓN.

La defensa de Guerrero ha sufrido vaivenes significativos en los últimos meses. Si arrancó la contienda judicial de la mano del letrado Fernando de Pablo, quien dio un paso atrás, ahora cuenta con una cierta arquitectura protectora, detallada a este periódico desde su entorno. En la vista oral ya en marcha De Pablo fue sustituido por José Ávila, del despacho AMF Abogados. Su campo de acción es sólo ése. Luego Guerrero ha decidido que en esencia Carlos Rodríguez y Rafael Ramírez-García, aunque también podrían hacerlo otros dos letrados de acuerdo a lo reflejado en el poder que firmó ante notario y que consultó este diario, se ocupen del mencionado centenar de diligencias abiertas. Y aún hay más. Pedro Rodríguez de la Borbolla es quien diseña su línea de defensa en el otro campo donde se juega el «caso ERE»: el Tribunal de Cuentas, organismo que ha llegado a embargar de manera preventiva una vivienda que el ex titular de la Dirección General de Trabajo tiene en el municipio sevillano de El Pedroso y parte de su sueldo tras condenarlo en relación al pago de varias ayudas vinculadas a los ERE. La minuta de todos esos abogados se prevé abultada y Guerrero cobra 712 euros al mes, como funcionario sin plaza asignada, con lo que difícilmente podrá afrontarla. Si bien LA RAZÓN ha podido saber que el ex director general tiene la intención de que las facturas se le pasen a la Junta. Considera que «se lo tienen que pagar» por su condición de ex alto cargo de la Administración andaluza, que «tiene derecho», con lo que igual que es probable que suceda con otros encausados como el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, quien también pretende que la Junta le costee su defensa, el abono de los honorarios de los letrados de Guerrero podría acabar desembocando en nuevos frentes en los tribunales. El cascarón de los ERE seguirá repleto de gotas judiciales.

Logró el reingreso como funcionario

El ex alto cargo de la Junta Francisco Javier Guerrero logró que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se alineara con él y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública tuviera que aceptar su reingreso como funcionario. Si bien, al mismo tiempo lo declaró en suspensión provisional de tareas y no le asignó ningún puesto.