La petición del PP no le parece un «disparate», dado los cargos orgánicos e institucionales ocupados por la socialista

El ex director general insiste en que fue un «gestor» y que «ejecutaba actuaciones que le mandataban»

Una intensa polvareda. Eso es lo que ha levantado la petición formulada por los abogados del PP-A en el ámbito del primer juicio del «caso ERE» de que declare como testigo la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz. Ha provocado incluso algún disgusto. De hecho, desde la bancada de las defensas de los 22 ex altos cargos encausados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se intentó al día siguiente echar luz sobre esa solicitud enmarcándola en una estrategia con intereses extra procesales para inflar la causa de motivos de índole política. Pero a uno de los investigados en el «macrocaso», al ex director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Francisco Javier Guerrero, «no le parece mal» la iniciativa, no considera que sea un «disparate», según ha podido saber LA RAZÓN.

Los representantes procesales de los populares, en concreto Luis García Navarro, sustentó en la Sala de la Audiencia de Sevilla que se encarga de la vista oral su demanda en que de las comparecencias públicas de Díaz se deduce que la máxima dirigente de la Junta tiene un «amplio conocimiento» de los hechos investigados. Un argumento al que añadió otro: fue consejera de Presidencia y de Igualdad en el lapso comprendido entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, un «mandato» en el que, según los letrados del PP-A, que ejercen la acusación popular, se promulgó un decreto que convalidó ayudas extraordinarias y urgentes que se concedieron para la prejubilación de trabajadores que se vieron afectados por procesos de regulación de empresas en crisis durante el periodo investigado en la «macrocausa».

Fuentes del entorno de Guerrero aseguran que éste cree que el planteamiento de los representantes legales de los populares «no es malo», sobre todo, dado que la presidenta andaluza «ha hecho declaraciones en prensa y en el Parlamento regional sobre los ERE» por lo que, entiende, «algo debe saber» porque, «si uno no sabe de algo, no opina». Nadie llega a algunos sitios por equivocación. El ex director general ya hizo públicas sus dudas acerca del desconocimiento de Díaz en torno al sistema de reparto de ayudas bajo sospecha dado «los cargos orgánicos que ha tenido dentro del PSOE-A y que, como consejera de Presidencia, de algo se tuvo que enterar sobre el asunto». Las mismas fuentes consultadas por este periódico añaden que Guerrero se pregunta «qué problema hay en que la llamen a declarar», al igual que «hicieron con Rajoy –presidente del Gobierno central– por el ‘caso Gürtel’», quien fue interrogado, entre otros, por un abogado que representaba al PSOE. Es más, ha comentado en su círculo que Díaz «tenía que haber pedido comparecer ella misma» para demostrar que no tiene nada que ocultar y dado que ya «había dejado a Chaves y a Griñán a los pies de los caballos».

Las primeras jornadas de la mediática vista oral han sido suficientes para que el ex alto cargo ate cabos sobre otra cuestión. Ha sido testigo de cómo algunas defensas han lanzado ya sus proyectiles hacia la dirección general de Trabajo que encabezó y le resulta fácil imaginar que más de una intentará enjaular el presunto fraude entre sus metafóricas paredes. Sobre este punto trasladan a este diario que Guerrero insiste en que él «ni elaboró sistema alguno ni los presupuestos». Defiende que era «un gestor», que fue «la parte activa de la cadena porque tenía la competencia de ejecutar las actuaciones que le mandataban». Se muestra convencido de que «hizo lo que tenía que hacer» y destaca que «hasta ahora nadie ha dicho que se llevara un duro de sus manos».

Junto a Díaz, los abogados del PP pretenden que comparezca su «número dos» institucional, el actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; y quien ocupó ese mismo puesto, la hoy senadora socialista Mar Moreno.