El PSOE insiste en derivar el «caso ERE» al Supremo y Alaya seguirá con la causa

Ajena a la presión política que la insta a elevar la causa que investiga el fraude de los ERE al Tribunal Supremo (TS), la juez Alaya pretende continuar con la instrucción, como poco, hasta medio plazo. Desde las filas del PSOE, de nuevo, se le exigió «mayor celeridad» y que «si tiene que ir al TS, que lo haga». Alaya, no obstante, seguirá investigando el destino de las sobrecomisiones que se abonaron a las mediadoras y la rama política del caso en busca de los responsables que idearon y/o permitieron un sistema «perverso» de malversación de fondos públicos.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, solicitó ayer «celeridad» y «mayor agilidad» a la instrucción del «caso ERE», instando a la juez a que «si tiene que llevarse (la causa) al TS, que lo haga», rechazando que exista vinculación entre el Partido Socialista y una posible financiación irregular. «No hay nadie más interesado en que se aclare absolutamente todo y se devuelva el dinero sustraído y que lo pague quien lo haya hecho que el PSOE», aseguró Cornejo.

El dirigente socialista consideró que la investigación «tendrá un límite», cuestionando «hasta dónde va a durar la instrucción, pues hay personas y responsables señalados que llevan años sin ser llamados y no tienen derecho a defenderse». «Hasta dónde llega la inseguridad jurídica», preguntó. «No consideramos al Tribunal Supremo inferior, cuando es la mejor garantía», señaló, añadiendo que «si (la juez) tiene que imputar a alguien, que se impute, que lo haga cuanto antes y resuelva», ya que «está claro que es injusto».

El secretario Cornejo manifestó que todos «tenemos derecho a pasar página y pagar quien lo tenga que pagar».

La juez Alaya no parece que tenga intención de pasar página. La magistrada seguirá investigando y no se plantea aún enviar toda o parte de la instrucción al TS, según fuentes de la investigación. La condición de aforados de personalidades señaladas directa o indirectamente continuamente en los autos como el presidente Griñán; los aún consejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila; los ex consejeros José Antonio Viera, Manuel Recio, Martín Soler y Francisco Vallejo; o el ex dirigente de la Junta Manuel Chaves y su vicepresidente Gaspar Zarrías obliga a que, a la hora de una hipotética imputación, sea una instancia superior la que se hiciera cargo de la causa.

La juez Alaya, por el momento, pretende tomar declaración a los numerosos encartados que todavía no han pasado por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para su interrogatorio. Asimismo, quiere escuchar testimonios básicos para seguir tirando del hilo de la rama política del «caso ERE», como son los de los interventores delegados de las consejerías de Empleo, Economía e Innovación y de la agencia IDEA.

La Junta y algunos letrados inciden en que la no inhibición de la juez puede derivar en la nulidad del caso. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, al no solicitar esa inhibición planteada por la Administración andaluza, comparte la pretensión de Alaya de investigar hasta las últimas consecuencias para buscar el máximo posible de pruebas de los presuntos delitos. Tras ello, se optaría por remitir la causa al Tribunal Supremo, instancia que se ocuparía en exclusiva de lo concerniente a los aforados.