El PP solicita para Fernández diez años de cárcel por una ayuda

El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández suma una nueva petición de cárcel. En este caso, el PP-A solicita para el ex alto cargo diez años de cárcel por la ayuda concedida a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica.

El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández suma una nueva petición de cárcel. En este caso, el PP-A solicita para el ex alto cargo diez años de cárcel por la ayuda concedida a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica. En el escrito de acusación, consultado por LA RAZÓN, los letrados del PP-A piden ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial, con un delito continuado de prevaricación en concurso medial, a su vez, con un delito también continuado de malversación de caudales públicos. A estos ocho años hay que sumarles otros dos –para los 16 acusados– por un delito de asociación ilícita. Diez en total, que contrastan con la exculpación que hizo en su momento la Junta de Andalucía en su escrito por estos mismos hechos.

El PP-A sigue el mismo criterio con el resto de acusados en esta pieza separada. Para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá solicita un total de diez años de prisión y 32 de inhabilitación; para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero reclama un total de diez años de cárcel, y para los sucesores de Guerrero en este cargo, como son Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, pide ocho años de prisión.

En el escrito también se incluye un total de diez años de cárcel para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas; el presunto testaferro Juan Francisco Algarín; el ex trabajador de Vitalia Antonio Albarracín; el representante sindical José Hurtado; los representantes de Surcolor Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, y para un letrado de un despacho sevillano.

Por último, reclama un total de seis años de prisión para los dos intrusos José Antonio Márquez Sánchez –concuñado de Rivas– y Juan Manuel López Espada, y para el ex rabajador de Vitalia Jesús Bordallo. En cuanto a la responsabilidad civil, los encausados «responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública del total de la cantidad desembolsada que asciende a 984.921, 23 euros». Al acusar a un sindiclaista, FITEQA-CC OO, «deberá responder subsidiariamente».