El Parlamento supo que la venta de suelo a Vallehermoso en Sevilla había sido «ilegal»

PSOE, PP e IU estaban al tanto de la irregularidad cometida –y denunciada por la Cámara de Cuentas– por el Ayuntamiento de Sevilla en la adjudicación del suelo de la fábrica de contadores a la empresa Vallehermoso, a través de un concurso público celebrado en el año 2003.

Los tres grupos parlamentarios asistieron a la comisión de Vivienda en la que el ex consejero mayor del órgano fiscalizador expuso los términos de su análisis, siendo consejero de la Junta Juan Espadas, actual líder socialista en la capital.

El 9 de diciembre de 2008, Rafael Navas avisó en el Parlamento de que el Consistorio, regido entonces por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, se había «saltado» la legislación modificando con ello el resultado de un concurso público de suelo. Tanto la diputada popular Alicia Martínez como José Caballos, por el Grupo Socialista, hicieron referencia en sus intervenciones a dicha anomalía; el representante de IU era José Manuel Sánchez Gordillo, aunque no consta que participara.

En el caso de Martínez, que además era concejal en el Consistorio hispalense, insistió en que «no se cumple la ley en la adjudicación del suelo por parte del Ayuntamiento». Así se refleja en las actas archivadas de la comisión parlamentaria. Tras esa afirmación, la diputada remarcó que «habría que investigar y poner un poco más la atención en ello». Hubo «irregularidades en la oferta pública de suelo», insistió Martínez.

Respecto a los convenios urbanísticos, origen de la auditoría, solicitó que se analicen «los más de sesenta y ocho que se han firmado» entre 1998 y 1999 en Sevilla, al entender que hubo «falta de transparencia» y «opacidad».

Caballos, por su parte, aludió a «un hilo conductor claramente establecido», en referencia al Partido Andalucista, en cuyas manos estuvo la Gerencia de Urbanismo durante doce años (entre 1991 y 2003). No obstante, sobre la ilegalidad puesta de relieve en la venta de suelo, se limitó a calificarla de «observación muy procedente» porque «hubo una aplicación de un coeficiente corrector» que «no se incluyó adecuadamente en los pliegos de cláusulas».

El representante socialista incluso alabó la tarea fiscalizadora: «Gracias a estos trabajos de la Cámara, seguro que vamos a ir haciendo todos, todos, todos, las cosas mejor en todas las instituciones, cuando tenemos responsabilidades y cuando no», vaticinó Caballos. Es decir, que pese a que conoció de primera mano que existían irregularidades, advertidas por el máximo responsable de la Cámara de Cuentas, el parlamentario socialista se limitó a admitirlas sin proponer la articulación de medidas para corregirlas. Tampoco lo hizo el consejero de Vivienda, permitiendo así que la labor del órgano fiscalizador cayera en saco roto.

Una actitud que recuerda a la mantenida por el Gobierno de la Junta respecto a los informes realizados por el interventor general, que alertó reiteradamente de desvío de fondos por parte de la Consejería de Empleo y que se quedaron «en un cajón», permitiendo que el dinero de los ERE fuera utilizado durante diez años de forma fraudulenta.

El objetivo de la Cámara de Cuentas era comprobar el grado de cumplimiento de cuatro convenios urbanísticos de 1998 y 1999, optando por aquellos que promovían la recalificación de suelo industrial a residencial con mayor edificabilidad y la densidad de viviendas. Los diputados no conocieron los datos hasta una década después después de suscribirse y esa dilación –siempre según las actas de aquella comisión– sirvió para archivar un caso en los que al menos dos de los grupos, PP y PSOE, coincidieron en destacar que no se había ajustado a la ley y, por tanto, era «ilegal». Incluso, la diputada del PP llegó a afearle a Rafael Navas la tardanza en comparecer para presentar unos datos que aludían a casi diez años atrás.

No obstante, la subasta pública de suelo que favoreció a la promotora inmobiliaria Vallehermoso se produjo en 2003, sólo cinco años antes. Aún así, no se registró solicitud por parte de ninguno de los grupos de la Cámara andaluza para que se articularan medidas al respecto o se indagara en el procedimiento.