El Gobierno recurrirá el decreto antidesahucios ante el Constitucional

El Gobierno, tras el toque de atención de la Comisión Europea, recurrirá el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Gobierno solicitó ayer al presidente Mariano Rajoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que posibilita la expropiación de inmuebles a bancos, al considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría informó de que, previamente, se pedirá un informe urgente –tiene 15 días para responder– al Consejo de Estado. Según Sáenz de Santamaría, el recurso se centrará en varios artículos de la norma andaluza –una de las iniciativas estrella del bipartito, alentada por IU y su consejera de Vivienda, Elena Cortés, partidaria declarada de los escraches–y de la disposición adicional segunda del decreto ley que posibilita la expropiación temporal del uso de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria.

La vicepresidenta recordó que la UE ha mostrado sus reticencias a la normativa andaluza, subrayando, incluso, que puede ser un lastre para la recuperación económica. El Gobierno central entiende que la medida afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, una norma reservada a las Cortes Generales.

Según Sáenz de Santamaría, la normativa de Griñán y Valderas establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y fija una regulación contraria al principio de igualdad, ya que en la regulación de los derechos afectados se necesita la existencia de una norma con carácter general y estatal para garantizar dicha igualdad.

La sucesora «in pectore» de Griñán, Susana Díaz, manifestó que el Gobierno «da la espalda a los ciudadanos que peor lo pasan y se pone del lado de la banca y los mercados» con su recurso al decreto de función social de la vivienda. La consejera de Presidencia considera que la postura del Gobierno es «lesiva para las personas que peor lo están pasando y que más lo necesitan». «Llama poderosamente la atención la falta de sensibilidad del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ante el drama de los desahucios», indicó Díaz, cuestionando «cómo van a poder mirar a la cara a la gente que está pagando las consecuencias más dañinas de esta crisis recurriendo esta medida mientras al mismo tiempo le inyecta 41.000 millones a los bancos». «¿Qué encierra el rescate bancario que le obliga a tomar una medida tan injusta y dolorosa para muchas familias que pueden perder sus casas y verse en la calle?», añadió Susana Díaz. El decreto andaluz «garantiza y pone en valor precisamente la función social del derecho de propiedad y que lo que se expropia es el uso de la misma», explicó la señalada como sucesora de Griñán.

La consejera subrayó que el decreto tiene «un sólido anclaje jurídico y constitucional y, por tanto, es una medida legal». Díaz añadió que la decisión del Consejo de Gobierno «deja al PP andaluz en muy mal lugar». Desde el PSOE, pesos pesados nacionales como Carme Chacón y Eduardo Madina criticaron al Ejecutivo.

«Sucursal de la banca»

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, responsabilizó al presidente Rajoy y al líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido –al que llamó «zombi político»– de todos los desahucios que se produzcan en la comunidad tras la paralización del decreto ley. Valderas explicó que la norma andaluza es «justa, constitucional y estatutaria» y se aprobó con la abstención del PP-A. «Se demuestra que los hombres de negro de la Troika mandan en el Gobierno de Rajoy», indicó, tras animar a la ciudadanía a la movilización. El coordinador nacional Cayo Lara recalcó que «Moncloa es una sucursal de la banca».

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, atribuyó el «cambio de postura» del Gobierno a que la Junta no acepta sus enmiendas, hablando de «sinrazón» del «bipartito». Los populares recordaron que la norma «no tiene alcance ninguno para solucionar los problemas de vivienda que atraviesan las familias en situación de vulnerabilidad» y sobrepasa las competencias de la región.

UPyD aplaudió la decisión gubernamental, mientras que colectivos como Facua consideran «lamentable» el recurso.