El titular del juzgado de Instrucción numero 5 de Huelva, Javier Romero, intentó un cambio de perspectiva, pero la repuesta ha vuelto a ser la misma. Considera que en la pieza político del «macroproceso» que capitaneó sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta existen indicios suficientes para seguir las actuaciones por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra siete cargos y funcionarios, entre ellos el que fuera delegado de Empleo en la provincia onubense Eduardo Muñoz. Por ello, remitió la causa al superior jerárquico del fiscal del caso, Luis Fernández, para que informara sobre si sostenía la acusación en esa pieza, después de que el Ministerio Público pidiera su archivo a finales de abril. Fernández ya ha contestado y lo ha hecho para ratificar la demanda de sobreseimiento provisional del bloque.

El fiscal jefe de Huelva estima «improcedente» el emplazamiento que se ha realizado «al existir la acusación particular», la Junta, «reconocida por la Audiencia Provincial, en concurrencia con el fiscal para no mantener la acusación», con lo que resulta obligado acordar el sobreseimiento, conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según informó ayer la Fiscalía Superior de Andalucía. Desde la misma, añadieron que lo defendido por Fernández «coincide, en forma y argumentos semejantes», con «lo acordado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla», otras de la comunidad y «juzgados de Instrucción de distintas capitales» de la región que han armado «procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como 'Caso Edu'». El fiscal jefe argumenta que a la luz de «los hechos fijados en la denuncia» de la Policía Nacional y de la descripción de los delitos, «la decisión de formular acusación» no debía ejercitarse «sin el apoyo de una prueba sólida para poder presentar en juicio pruebas de cargo».