El CGPJ exige al consejero de Justicia que «respete» la actuación de Alaya

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer de nuevo en defensa de la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ante las declaraciones del consejero de Justicia, Emilio de Llera, en las que le acusaba de «falta de imparcialidad y profesionalidad». La comisión permanente del CGPJ, a propuesta del vocal Antonio Dorado, acordó por unanimidad reiterar, «como ha hecho siempre, la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales». Se trata de la segunda vez que el órgano de gobierno de los jueces respalda públicamente la labor de Alaya. La primera vez se pronunció en los mismos términos cuando el diputado socialista Alfonso Guerra criticó la instrucción.

Fuentes del Consejo señalaron a LA RAZÓN que tal acuerdo supone un «toque de atención importante en toda regla» al consejero porque «no puede hacer ese tipo de declaraciones, máxime cuando es fiscal de carrera y ha llevado temas de corrupción», por lo que «conoce la complejidad de esas causas». «No son críticas que vengan de un abogado defensor, de un articulista o de un comentarista político, sino de todo un consejero de Justicia».

La Junta, de su lado, obvió la petición del CGPJ y justificó las valoraciones de De Llera, enmarcándolas en la «libertad de expresión y pensamiento». Así lo aseguró el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, asegurando también que las declaraciones las realizó «dentro de la corrección y el conocimiento y expresan una sensación que pueden compartir otras muchas personas». Vázquez también dudó de la imparcialidad de Alaya al señalar que, «cuando en el interrogatorio dice 'ya sabemos que el señor Griñán sabía tal y tal', esa presunción nos deja una serie de dudas porque esperamos que la jueza instruya y no que prejuzgue, como parece que hace».

No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz reclamó no poner «la lupa en la anécdota» e insistió en que «nadie tiene más respeto por la actuación judicial que la Junta», que «está en colaboración permanente». En su opinión, el Ejecutivo andaluz es un «aliado activo» de la investigación judicial, aunque «esto no quita que en algunos momentos tengamos alguna discrepancia».

A la Junta, insistió Vázquez, «le preocupa y ocupa lo defraudado y lamentamos profundamente que haya habido algún servidor público que se haya aprovechado de su situación para hacer cosas que no debería».

Por su parte, De Llera se apresuró a afirmar que «siempre he respetado las decisiones judiciales», aunque este extremo «no quiere decir compartirlas, ya que se puede tener una opinión diferente a una determinada resolución judicial haciendo uso de la libertad de expresión que tiene toda la ciudadanía y que así recoge la Constitución». A su juicio, «en Derecho se puede disidir y eso es frecuente», por lo que «es normal que se pueda discrepar», recordando en este sentido que «no es la primera vez que existen opiniones jurídicas diferentes sobre una decisión judicial, y ello no supone ninguna falta de respeto hacia esas resoluciones».

Como ejemplo de otras discrepancias, De Llera citó el caso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que «ha criticado en muchas ocasiones resoluciones incluso del Tribunal Constitucional y el CGPJ no ha dicho nada ni ha pedido respeto para la acción de la Justicia». El consejero, sin embargo, reiteró su desacuerdo por la forma en la que Alaya está llevando a cabo la instrucción, aunque sí defendió que la Junta está ofreciendo al juzgado de instrucción número 6 los «medios materiales y recursos humanos necesarios». De hecho, recordó que recientemente se instaló en dicho órgano el nuevo sistema de comunicaciones Lexnet.

Reforma del Gobierno

El Gobierno central es consciente de los ataques que reciben magistrados que instruyen procesos relevantes, por lo que está dispuesto a poner coto a este asunto. Tal y como adelantó LA RAZÓN, la reforma de la ley orgánica del poder judicial incluirá la potestad de que el CGPJ pueda no sólo otorgar el amparo al magistrado afectado, como ocurre actualmente, sino que también podrá ordenar que cese la conducta perturbadora, que sería considerada delito.