La ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa aportó documentación clave

María José Rofa, ex asesora de la Dirección General de Trabajo, testificó ayer en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales –Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y Daniel Rivera–, y el dueño de Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado, por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que «pertenecían al círculo de amigos y familiares» de Guerrero.

Durante su declaración, Rofaaportó a la Sala, presidida por el magistrado Ángel Márquez, nueva documentación, aceptada por el tribunal pese al rechazo de las defensas de Guerrero y Cuadrado. En la misma se incluían dos facturas de fecha de 2007 impagadas a Umax por importe de 1,1 millones de euros y 281.563 euros firmadas por Guerrero.

Rofa, según informaron a Ep fuentes del caso, señaló que tuvo conocimiento de la existencia de Umax tras recibir un correo electrónico por parte de un responsable de la Caixa el 29 de marzo de 2010, días antes del cese de Juan Márquez como director general. En el mismo se reclamaba por parte de la entidad bancaria dos facturas endosadas por Umax.

Según narró Rofa, tras consultar con «la encargada de presupuestos» de la Dirección General de Trabajo, ésta le indicó que esas facturas correspondían a una encomienda de la extinta Fundación Andaluza Fondo para la Formación y Empleo (Faffe). Las dos facturas, correspondientes al año 2007, venían a nombre de la Dirección General de Trabajo y firmadas por Guerrero, que se enfrenta a diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

Rofa también que señaló que en este centro directivo no existía «distinción» entre personal pública, externo y de la extinta Faffe.