Un miembro de Ecologistas en Acción espera juicio para acabar de demostrar que no es un narco, dos años después, y otro ha denunciado el presunto sabotaje de su autocaravana

A veces se paga un precio por defender el medio ambiente y no guarecerse en cuevas confortables. «Fueron 24 horas tremendas, sobre todo la noche en el calabozo de Ubrique (Cádiz). Me quitaron las gafas, el teléfono, el reloj y me pusieron un foco de luz porque decían que por protocolo tenía que estar iluminado». Ésos son los recuerdos que le lanza la memoria al histórico ecologista Juan Clavero, quien fue arrestado a finales de agosto de 2017 tras hallar en su furgoneta 47 gramos de cocaína. Más de dos años después, Clavero está tranquilo porque sabe que aquellos gramos eran humo para intentar crear fuego, pero la historia no ha acabado. No es un narcotraficante, por lo que propuso él mismo que se registrara su vivienda. Lo hicieron «ocho guardia civiles», si bien puso la condición de que participaran personas de su confianza como su mujer, su hija o su abogado al «temer que pusieran droga también allí». No la localizaron, pero el mismo agente que lo detuvo «aseguró haber encontrado en la cocina la balanza donde la pesaba». «Se la llevaron para analizarla y obviamente no tenía nada raro», explica el conservacionista a LA RAZÓN. Recuperado del susto, pasó al ataque.

Denunció, la Guardia Civil «investigó el tema y gracias a la colaboración ciudadana presentó al juzgado un informe muy detallado en el que se concluía que fue un montaje de J. M. H., administrador de Breña del Agua Investments, una sociedad propiedad de un magnate belga que ha comprado 2.000 hectáreas en la sierra de Cádiz y las ha cerrado totalmente, incluyendo caminos públicos, con personal de seguridad tipo película del oeste». A J. M. H. «lo ayudaron presuntamente dos capataces y otra persona puso la droga», añade. Los cuatro acabaron encausados en un proceso judicial en el que ya han sido citados a declarar y se negaron. Sí lo hizo como testigo el guardia que alertó de los estupefacientes y de la balanza, al que la defensa de Clavero ha pedido que «lo imputen».

«Existe un whatsapps donde le dice al administrador de la empresa que no encontraba la droga y el otro le contesta que está debajo del asiento del copiloto y que borrara el mensaje, pero no lo hizo», desvela. «Las diligencias son lentísimas porque en Ubrique hay un juzgado para todo», lamenta el activista que espera que «esto vaya a juicio de una vez, aunque la otra parte no para de presentar recursos intentando que se archive la causa y obstaculizar todo lo posible para que prescriba». De momento, confía y espera.

Isidoro Albarreal, otro miembro de Ecologistas en Acción, ha hecho público que el pasado mes de abril notó unas vibraciones en el volante de la autocaravana que conducía que le obligaron a detenerse. Bajó del vehículo y vio que cuatro de los cinco tornillos de una de las ruedas estaban aflojados. Siempre aparca la autocaravana en una cochera, pero el día antes del incidente la dejó en la calle y acababa de pasar la ITV. «Las consecuencias de lo que pasó podían haber sido graves», sostiene desde el alivio de que no lo fueran. Albarreal se ocupa sobre todo de temas mineros en la organización «verde» y ha defendido contra viento y marea el cese total de la actividad en la sierra de Esparteros. Al margen del episodio narrado, por el que interpuso una denuncia en la Policía, ha tenido que lidiar con insultos y amenazas procedentes de «personas relacionadas con empresas que trabajan para la cantera» ubicada en ese enclave del municipio sevillano de Morón de la Frontera. El ecologista no descarta que la denuncia acabe archivada porque «es difícil de demostrar nada». Los que lo conocen saben que aún así «seguirá peleando por lo que cree».

En ocasiones, los «golpes» son para el conjunto. Ocurrió cuando desde el Ayuntamiento de Isla Mayor, en Sevilla, se impulsó declarar a Ecologistas en Acción, a la entidad como tal, «non grata» porque presentaron un recurso vinculado al Plan de Control del Cangrejo Rojo en las Marismas del Guadalquivir. «Fue una situación muy desagradable», admite a este diario Juan Cuesta, representante de esa entidad. «Poner a una población en contra de un colectivo es muy peligroso. Colocar a gente en el disparadero puede conllevar riesgos. No debe hacerse y menos si se trata de alcaldes», pronuncia palabras en torrente. Quiere dejar claro que su organización sólo «entendía que había otra manera mejor de hacer las cosas con la pesca del cangrejo para todos», en especial, «para la gente de Isla Mayor». Los tres saben, no obstante, que el miedo es la peor trampa y caer en ella significaría «no hacer nunca nada».

Una agresión en el entorno de Doñana

No fue un juego tampoco lo que vivió un guardia fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el entorno de Doñana en septiembre de 2018. Un grupo de personas lo atacaron cuando inspeccionaba pozos ilegales. Y no era la primera vez. En 2014 fue agredido junto a otros dos agentes en la misma zona de Lucena, en Huelva. WWF pidió una «actuación contundente».