Empleados de Faffe declararon que los entes sindicales «se quedaban» con hasta el 20 por ciento del dinero

Hace tiempo que se resquebrajó el espejo. La ex Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) centra una causa que hace ovillo el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ya cuenta con un voluminoso atestado con múltiples declaraciones como testigos ante la Guardia Civil de ex trabajadores del extinto ente de la Junta. A uno de ellos, J. P., que llegó a desempeñar labores de «coordinación» en la fundación, los investigadores le preguntaron por las fuentes de ingresos de Faffe y el volumen de la cifra de negocio anual, a lo que el testigo respondió aludiendo a «las subvenciones de formación, la elaboración de proyectos europeos» y a la «prestación de servicios de formación a terceros», entre los que situó a «los sindicatos, debido principalmente a que Faffe abarcaba mayor superficie geográfica», según consta en la documentación policial que obra ya en poder del órgano judicial y a la que tuvo acceso LA RAZÓN.

Interpelado sobre si recordaba que durante su etapa como coordinador, la antigua fundación fuera «subcontratada por una tercera empresa beneficiaria de subvenciones para realizar acciones formativas, es decir, como agente externo», contestó de nuevo que sí y añadió que también sucedió que la Faffe fue «subcontratada por los sindicatos UGT y CC OO, quienes previamente habían obtenido subvenciones estatales para la formación de trabajadores». En esos casos, añadió, «parte» de la ayuda, «lo que marca la ley (máximo un 20 por ciento), se lo quedaba la entidad que recibía» los fondos públicos y «contrataba a Faffe por el resto, para la ejecución de la acción formativa». Cuestionado por cuáles eran los factores «que influían en este hecho», el trabajador sostuvo que creía que «sería debido a la distribución geográfica de Faffe».

En relación a otro de los aspectos que flotan alrededor de la Faffe como el ala de una mariposa disecada, el testigo J. P. admitió ante los investigadores tener «vínculos familiares o de amistad» con otros miembros de la plantilla de Faffe o con «personal docente contratado», en concreto con su cónyuge, su hermano, su cuñada, que «trabajó durante muy poco tiempo» y su sobrino, formador. Reconoció, de otro lado, que empleados de la ex fundación mantenían «relación directa con cargos públicos o sindicales» y aportó nombres. De hecho, la Guardia Civil interrogó a su hermano, R. P., quien se pronunció en sentido similar al narrado. Apuntó que el grueso de los ingresos de Faffe «procedía de subvenciones públicas para la formación pertenecientes al Fondo Social Europeo» y confirmó que Faffe había «participado como agente externo» en ayudas formativas y que había «sido subcontratada por los sindicatos UGT y CC OO» para ejecutar cursos. ¿Las causas? Dos en esencia, según su percepción: que las organizaciones sindicales «recibían un elevado volumen de subvenciones para la formación» que «no eran capaces de ejecutar con sus propios medios» por lo que tenían que contar con terceros, y la «particularidad» de algunas de esas actividades. Desde UGT-A no han querido pronunciarse sobre esta presunta conexión con Faffe y fuentes de CC OO-A han trasladado a este periódico que «no han concertado nada» con el desaparecido ente del Gobierno andaluz, que no han «licitado» ni «contratado nada» con él, aunque desconocen si lo ha hecho alguna federación o la organización a otros niveles. Quisieron dejar claro, asimismo, a este diario su «respeto» a un proceso judicial que no entran a valorar o comentar porque «no lo hacen nunca».

Reacciones al margen, el testigo J. P. expuso ante los agentes de la Guardia Civil que formaba parte del comité de empresa de Faffe y sumó que «todos los miembros pertenecían al sindicato UGT». Relató, y así ha quedado por escrito, que la «federación provincial» a la que perteneciera un empleado «afiliado a ésta», podía solicitar a la empresa, «con la autorización previa» de aquél, que le abonara «la cuota de filiación directamente, descontando» la empresa la cantidad «de la nómina correspondiente» al empleado.

Un descuadre de tres millones

Tal vez con mirar impávido o tal vez no, pero una ex trabajadora de Faffe aseguró a la Guardia Civil que en un expediente de la empresa Delphi observó que «la contabilidad no correspondía con la justificación presentada». Explicó a los agentes que «en los cierres de las cuentas anuales», en concreto en 2009, «existían 3 millones de euros aproximadamente de pérdidas correspondientes a la justificación de expedientes no validadas por completo». Una circunstancia que podría haber motivado «el interés por parte de la Dirección Económico Financiera de declarar más ingresos de los reales al

objeto de compensar las pérdidas y que éstas no aparecieran en su balance». La testigo también defendió que la herramienta informática usada para «el control presupuestario» de la fundación, Navision, «no facilitaba la labor justificativa» por su complejidad.