La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha justificado el envío de requerimientos al Congreso de los Diputados y al Senado para su traslado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por ser "su lugar de trabajo"y ante las "dificultades"para localizar previamente sus domicilios.

En una providencia fechada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, Alaya asegura que "ante las dificultades para localizar los domicilios de las personas a las que se refiere el auto de 18 de diciembre", en el que 'preimputaba' a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Avila, todos ellos aforados, "procede notificarles"el requerimiento "en su lugar de trabajo".

Con este objetivo, la magistrada acordó librar "atentos oficios"a los presidentes del Congreso de los Diputados, Jesús Posada; del Senado, Pío García Escudero; y del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, "a fin de que se hagan entrega de copia del auto"a cada uno de los siete aforados que figuran como "preimputados". Las Mesas del Congreso y del Senado acordaron este martes devolver

a la juez Mercedes Alaya la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al senador socialista José Antonio Griñán y advirtieron a la magistrada que no había optado por el "camino correcto"para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.