Acusados en el «caso Alhambra» reconocen apropiación y falsedad

Ratifican los acuerdos de conformidad a los que habían llegado con la Fiscalía.

Tres acusados del medio centenar que es juzgado desde ayer en el conocido como «caso Alhambra», por presunto fraude en los accesos al monumento nazarí, reconocieron delitos de apropiación indebida y falsedad tras ratificar ante el tribunal los acuerdos de conformidad que habían alcanzado con la Fiscalía.

El oficial de primera Francisco M. M., la controladora Rosario R. R. –pertenecientes ambos al Patronato público que gestiona el recinto–, y María Pilar A. B., de la empresa Washington Irving Travel, aceptaron de esta forma una condena de nueve meses de cárcel tras la rebaja de pena acordada junto al Ministerio Fiscal.

Por su parte, el guía Ezequiel R. G. y la también controladora del Patronato Francisca G. G. decidieron finalmente declararse inocentes, de ahí que el preacuerdo de conformidad que habían firmado antes con la acusación pública haya quedado sin efecto.

Un trabajador del BBVA, acusado por la Junta de Andalucía, queda pendiente, a la espera de que el tribunal decida el próximo lunes si acepta la personación en el juicio de esta administración, después de que una de las defensas haya pedido que quede fuera por, supuestamente, no contar con la pertinente autorización formal.

La vista oral comenzó ayer finalmente con un total de 49 procesados, ya que tanto la Fiscalía como la Junta han retirado además su acusación contra Juan C. J., vinculado a la empresa Washington Irving Travel, que ha quedado fuera del proceso. Durante la primera jornada del juicio, que se retomará el próximo lunes con los primeros interrogatorios a los acusados, las partes expresaron sus cuestiones previas, en las que las defensas solicitaron la nulidad de ciertas actuaciones por vulneración de derechos fundamentales y por una tutela judicial efectiva.

El relato fiscal recoge que, entre los años 2002 y 2005, algunos de los acusados ejecutaron un plan para conseguir un «provecho patrimonial ilícito», de modo que el dinero para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no se ingresaba en el Patronato por los sistemas reglamentarios. Lograron que se permitiera el acceso de clientes sin entradas, con unas compradas pero cuyo uso no se correspondía con los datos que figuraban en ellas o bien que habían sido imprimidas «de manera ilícita», indica el fiscal, que reseña asimismo que se produjo un exceso de aforo que produjo además daños en el patrimonio histórico.

La macrocausa que se juzga desde mañana es independiente de otra relacionada con el Patronato que gestiona el monumento más visitado de España, que investiga por su parte Instrucción 4 por supuesto fraude en la adjudicación del servicio de audioguías y que conllevó la dimisión de María del Mar Villafranca como directora.