Acabar con la diferenciada: «un capricho del bipartito de 15 millones anuales»

SEVILLA- El Alrededor de un millar de personas se manifestaron ayer delante del Parlamento andaluz para reclamar a la Junta de Andalucía que «reconsidere su decisión» de retirar el concierto educativo a los colegios de educación diferenciada. De forma paralela se llevó a cabo una huelga parcial en los centros afectados que tuvo un seguimiento del 97%, según los sindicatos. Al grito de «sí, sí, sí, libertad para elegir» y «esta Junta no tolera que no pienses como ella», padres, madres, abuelos, alumnos, ex alumnos, profesores y trabajadores representando a los diez colegios –Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla)– recorrieron las calles de la capital partiendo de la plaza de la Encarnación y siendo recibidos inicialmente por Francisco Menacho (PSOE) y posteriormente por el Grupo Parlamentario del PP, con Juan Ignacio Zoido, Alicia Martínez y María Francisca Carazo al frente.

Al término de la manifestación, las organizaciones sindicales USO y FSIE, mayoritarias entre los trabajadores de las escuelas, y la plataforma «Mis padres deciden», leyeron un comunicado en el que denunciaron que «este capricho de la Administración, cuando a la sociedad le salen más económicos estos centros que los públicos, supondría un aumento del gasto público de 15 millones de euros anuales, que tendríamos que pagar entre todos los andaluces». El bipartito sólo cree en una educación pública y mixta, con lo que el problema actual se irá extendiendo a todos los centros concertados andaluces con el tiempo. «Parece que sólo gobiernan para algunos», llegó a decir Gemma García, de la plataforma de padres. «Con casi un millón y medio de parados en Andalucía, la consejería de Educación pone en peligro numerosos puestos de trabajo en empresas estables por una razón estrictamente ideológica y sectaria», añade el comunicado, que defiende el derecho a elegir «reconocido por la Constitución».

«Pedimos a todos los Grupos Parlamentarios que excluyan a la educación de la contienda política e ideológica. No estamos ante un problema legal sino político, y así lo ha reconocido el propio Gobierno de Andalucía», añade el escrito, rechazando «la doble moral de nuestros gobernantes» con las familias de estos centros, muchas de ellos en barriadas obreras o zonas rurales.