El Juzgado 16 de lo Administrativo de Ciudad de México ha dictaminado amparo para los familiares de dos de las víctimas de la matanza de 45 indígenas en Acteal, en Chiapas, en 1997, por lo que considera ilegal la petición de inmunidad diplomática que ha planteado el Gobierno mexicano para evitar el procesamiento del expresidente Ernesto Zedillo en un tribunal de Connecticut, Estados Unidos, por el que se reclaman a Zedillo 50 millones de dólares como reparación por el daño provocado durante la matanza.

El juez Ricardo Gallardo Vara ha ordenado por ello invalidar la solicitud de inmunidad, remitida en noviembre de 2011, porque viola la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, como los de igualdad y no discriminación, ya que le atribuye este tratamiento con "criterios de índole político y de excepción que generan discrecionalmente la impunidad y la imposibilidad", según la sentencia, a la que ha tenido acceso el diario mexicano 'La Jornada'.

La sentencia determina que carece de sustento jurídico afirmar que el expresidente Zedillo "goza de inmunidad, aun después de haber concluido su encargo público". Además, recoge que las máximas autoridades del Estado, desde Felipe Calderón (presidente), hasta la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, negaron participación alguna en la redacción de la nota diplomática ni haber dado orden verbal o escrita al respecto, por lo que es atribuida al entonces embajador en Washington, Arturo Sarukhán.

Así, Sarukhán, según la sentencia, violó los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana al emitir la nota diplomática solicitando inmunidad para Zedillo, porque no tenía competencia ni lo hizo con sustento en preceptos legales.

El texto judicial destaca que actualmente Ernesto Zedillo "es un mexicano más", por lo que "la nota diplomática 07654 es violatoria de los derechos humanos y contraviene el Estatuto de Roma, en virtud de que ahí se establece que las inmunidades no pueden ser impedimento para juzgar a los funcionarios o exfuncionarios públicos en igualdad de circunstancias".

Durante el juicio, la defensa de Zedillo alegó además improcedencia del litigio, pero sus argumentos acreditaron que "el Poder Judicial de la Federación no sólo tiene la facultad sino la obligación de analizar los actos de política exterior que trastoquen los derechos humanos de los connacionales".

Tras esta sentencia, el Gobierno mexicano puede impugnar el fallo para que el caso sea analizado por un tribunal colegiado. En caso de que se confirme la sentencia, concluirá el juicio.

MATANZA DE INDIGENAS

Zedillo fue presidente de México entre 1994 y 2000. Fue durante su mandato, el 22 de diciembre de 1997 cuando se produjo la masacre de Acteal, vinculada al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el 1 de enero de 1994.

Los responsables de la masacre fueron paramilitares que supuestamente tenían nexos con el gobierno y mataron a activistas de la Iglesia católica que simpatizaban con los rebeldes y que se habían reunido para una misa en Acteal. La matanza duró varias horas y los agresores asesinaron a 45 personas, incluidos niños de dos meses.

Tras la matanza, Zedillo censuró a los responsables y los calificó como criminales. Además de que exhortó a las autoridades defensoras de los Derechos Humanos a que investigaran los hechos. Sin embargo, los demandantes sostienen que el Gobierno de Zedillo puso fin a las conversaciones de paz con los zapatistas y emprendió un plan para armar y adiestrar a paramilitares locales a fin de que combatieran a los rebeldes.

También aseguran que Zedillo tenía conocimiento de los hechos ocurridos en Acteal, los encubrió e infringió leyes internacionales sobre Derechos Humanos incluidas en la Convención de Ginebra. En la demanda se afirma que Zedillo "sabía o debía haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo abusos y no los impidió ni castigó a los responsable".

Un total de 66 personas condenadas por la matanza, pero todas ellas fueron excarceladas debido a la declaración de nulidad del proceso por irregularidades.