Trump busca blindar el Departamento de Justicia con un polémico fiel seguidor como Fiscal General

Donald Trump se prepara para iniciar su segundo mandato rodeándose de los personajes más fieles a su movimiento y ubicándolos en los cargos más importantes del gobierno. Uno de los nombramientos que más ha llamado la atención es el de Matt Gaetz, un controvertido representante a la Cámara por Florida que podría ser el fiscal general de Estados Unidos.

De ser confirmado, Gaetz, de 42 años, asumiría el liderazgo de un departamento que hasta el año pasado lo estaba investigando por posibles delitos de tráfico sexual. Finalmente, los fiscales recomendaron no presentar cargos en su contra después de una larga investigación, aunque su imagen está desgastada no solamente entre los críticos a Trump sino entre muchos republicanos considerados de línea moderada.

Gaetz también enfrentó una investigación del Comité de Ética de la Cámara relacionada con acusaciones de tráfico sexual y drogas que finalizó cuando renunció a su cargo tras el anuncio de su nombramiento por parte de Trump, en una jugada que muchos han interpretado como una manera de que esas investigaciones no puedan hacerle daño cuando dispute la confirmación.

Con su renuncia, el panel no tendrá jurisdicción para investigar a Gaetz, ya que ya no es miembro del Congreso, y sus hallazgos podrían nunca salir a la luz, lo cual sería un gran beneficio para él mientras se prepara para enfrentar un Senado ya escéptico.

Al ser preguntado sobre las preocupaciones del Partido Republicano respecto a la nominación, el líder entrante de los republicanos en el Senado, John Thune, dijo que "probablemente esa sea una buena pregunta para el presidente del Comité Judicial". No está claro cuán fuerte es realmente el consenso de un nombramiento tan polémico entre los mismos conservadores.

La senadora de Alaska Lisa Murkowski es una de las que ha expresado dudas. Recientemente dijo a los periodistas en el Capitolio que le preocupaba la cantidad de investigaciones abiertas en torno a Gaetz.

“Estoy sorprendida por esta nominación en particular y quizás algunas de las otras, que, nuevamente, no eran nombres que la mayoría de nosotros habríamos pensado que estarían en consideración”, aseguró Murkowski. “Pero el presidente Trump, si algo tiene, es que es una persona independiente y está impulsando sus propias ideas”, sentenció.

Más allá de sus problemas éticos, lo cierto es que el nombre de Gaetz ha sorprendido incluso a personas cercanas a Trump, porque tiene una experiencia relativamente limitada como abogado en ejercicio, especialmente en comparación con otros fiscales generales recientes que tenían experiencia como fiscales principales, jueces o abogados defensores de renombre nacional.

En cambio, gran parte de su carrera profesional después de graduarse de la Facultad de Derecho del College of William & Mary ha sido como político, lo que en sí mismo supone un quiebre con las tradiciones del Departamento de Justicia.

Pero lo que muchos critican puede ser precisamente lo que Trump ve como fortaleza. El rol de fiscal general será crucial para la visión del republicano en su segundo mandato y ayudará a implementar su política sobre inmigración, salud reproductiva y la represalia política que prometió en la campaña.

Trump ha afirmado que quiere desmantelar el sistema de justicia como parte de un esfuerzo para eliminar restricciones legales y protecciones tradicionales contra la interferencia política. Y Gaetz, desde afuera, ha acusado durante mucho tiempo al Departamento de ser utilizado como un arma bajo el presidente Joe Biden contra los conservadores, incluido Trump, y ha pedido abolir el DOJ y el FBI si no se implementan cambios significativos.

Como un crítico abierto del departamento, Gaetz ha condenado las acusaciones contra Trump y los enjuiciamientos de los involucrados en los disturbios del 6 de enero. Celebró el sobreseimiento de un caso penal que los fiscales presentaron en contra del republicano el año pasado, en el que se le acusaba de mal manejo de documentos clasificados y obstrucción a la justicia.

En el primer aniversario del ataque al Capitolio de EE UU, afirmó que no fue una “insurrección”, una postura que su eventual nuevo jefe ha defendido reiteradamente prometiendo en campaña indultos a quienes están detenidos por los hechos, llamándolos “presos políticos”.