En los últimos tiempos, los países del sureste asiático han enfrentado una serie de desafíos que representan graves amenazas para los ideales democráticos que se esfuerzan por defender. Desde el surgimiento de regímenes autoritarios e irregularidades electorales, hasta las restricciones sobre las libertades civiles y tensiones étnicas, la región ha sido escenario de una compleja interacción de factores que minan los principios fundamentales de la democracia. Los movimientos populares que buscan el cambio y la reivindicación de derechos han enfrentado una represión violenta por parte de gobiernos que temen perder su control. Asimismo, el debilitamiento de las instituciones democráticas, acompañado de un ambiente de miedo y desconfianza, ha sembrado la semilla de la desilusión.

En países como Camboya, Filipinas, o Singapur, las dinámicas de poder siguen estando dominadas por dinastías familiares y círculos empresariales que perviven a pesar de las promesas de cambio. En Bangladés, la abrupta caída de Sheikh Hasina y su régimen ha marcado un giro histórico, en una nación ya familiarizada con la inestabilidad política y los levantamientos populares. Asimismo, en la crisis paralizante de Myanmar, una junta militar que promete elecciones desde hace meses continúa posponiéndolas, mientras el país se sumerge en una guerra civil que ha desencadenado abusos masivos contra los derechos humanos.

Por su parte, Tailandia ha experimentado largos períodos de gobierno militar desde los golpes de 2006 y 2014, intercalados con casos esporádicos de elecciones competitivas. Ahora, el partido antisistema Avanzar, que obtuvo la mayoría de los escaños en los últimos comicios, pero al que se impidió formar gobierno, fue disuelto el pasado miércoles por el Tribunal Constitucional, que dictaminó que su plan para enmendar una ley que protege a la familia real de las críticas corría el riesgo de socavar la democracia y la monarquía constitucional. Con todo, la disuelta oposición presentó este viernes una nueva dirección y un nuevo vehículo político que se convertirá en el mayor partido del Parlamento, al que bautizó como Partido Popular, y prometió impulsar la plataforma progresista de su predecesor. La controvertida solución judicial, criticada por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, fue la última salva en una batalla de dos décadas por el poder, que enfrenta a su clase dirigente conservadora y a los militares monárquicos contra partidos elegidos popularmente.

La turbulenta salida de la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, seguida del ascenso de un gobierno provisional liderado por Muhammad Yunus, reconocido mundialmente como premio Nobel de la Paz y “banquero de los pobres”, envía una advertencia contundente a la comunidad internacional en su conjunto. La erosión gradual de la democracia, como se ha visto en este caso, no conduce a resultados favorables. Durante más de diez años, el régimen de Hasina, que pareció intocable, se vio marcado por un creciente autoritarismo, manifestado en el debilitamiento de las libertades civiles, la persecución de la oposición y numerosos escándalos de corrupción. Este deterioro sistemático culminó en una masiva y violenta revuelta popular, que finalmente forzó a la mandataria a abandonar el país. Para muchos bangladeshíes, estos acontecimientos simbolizan una "segunda liberación", celebrada a medio siglo de su independencia original.

Otro ejemplo reciente alarmante de retroceso democrático se ha producido en la India, donde el ascenso al poder del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata tras las elecciones generales de 2014 ha provocado el endurecimiento de las tendencias autoritarias y donde una sociedad civil históricamente vibrante ha sido objeto de ataques sostenidos, con graves consecuencias para sus minorías. Bajo la dirección del primer ministro Narendra Modi, los principios que tradicionalmente fomentaron la inclusión y la pluralidad en el diverso tejido cultural del país están siendo sustituidos por un enfoque más directo de gobernanza orientado hacia la mayoría. Este giro hacia el nacionalismo hindú ha generado inquietudes sobre el futuro de la pluralidad y la democracia, así como sobre sus potenciales repercusiones en la estabilidad de la región.

A pesar de que bajo el mandato de Modi, India ha consolidado su estatus como potencia global emergente con un notable desempeño económico, su figura y su formación enfrentan un creciente desgaste. Las últimas elecciones han revelado una erosión del apoyo popular que los había sostenido durante años, impulsada por controversias referentes al tratamiento de las minorías, la erosión de las libertades democráticas y la creciente percepción de un Parlamento manipulado. Dicho contexto pone de relieve un cambio en la percepción pública y plantea serias preguntas sobre su futuro, en un momento en que la sociedad india busca equilibrar su rica diversidad con un liderazgo cada vez más polarizante.

Indonesia, la tercera democracia electoral del mundo tras India y Estados Unidos, es uno de los pocos ejemplos de este sistema representativo en el mundo musulmán. Sin embargo, bajo el liderazgo del presidente Joko Widodo, el país adoptó una trayectoria más antiliberal, una tendencia que probablemente persistirá bajo la administración del recién inaugurado presidente Prabowo Subianto. Los casos de discriminación y violencia contra grupos minoritarios, la politización de las leyes contra la blasfemia y la supuesta corrupción sistémica han contribuido a aumentar la intolerancia religiosa y a erosionar la independencia de las instituciones gubernamentales. La rotunda victoria del ex general en las presidenciales de febrero, junto con el nombramiento del hijo de Widodo como vicepresidente, apuntan a un posible resurgimiento de dinastías políticas multigeneracionales que dominen de nuevo la política indonesia. Analistas y observadores internacionales han expresado serias preocupaciones sobre el deterioro de ciertas prácticas, como el debilitamiento de la oposición política, los indicios de injerencia gubernamental en el poder judicial y el predominio de la influencia de las élites oligárquicas.

En medio de este entorno regional, marcado por persistentes tendencias autoritarias, Taiwán sigue alzándose como el principal baluarte democrático del Lejano Oriente. Esta isla, cuyos habitantes han erigido un sistema electoral sólido y competitivo, se ha consolidado como el principal ejemplo del proceso de democratización que sacudió a la región tras el fin de la Guerra Fría. Con una participación electoral presidencial que ronda el 75%, el territorio exhibe niveles de compromiso ciudadano con la política que superan incluso a naciones como Japón o Corea del Sur. Este elevado involucramiento popular es, sin duda, el mayor activo con el que cuenta la frágil democracia ante los desafíos que enfrenta. Y es que, pese a su innegable avance, se mantiene envuelto en la delicada y riesgosa dinámica geopolítica con la República Popular China. En este contexto, la prudencia y la moderación en el manejo de las relaciones a través del Estrecho de Taiwán han sido cruciales para preservar el statu quo vigente.

Los líderes taiwaneses han demostrado una clara comprensión de los peligros que supone una confrontación abierta con Pekín a través de declaraciones unilaterales de independencia. Por su parte, las autoridades chinas de momento parece que entienden que “la humillación de no poder imponer sus designios políticos es todavía preferible a los tremendos costos económicos y, eventualmente, militares que conllevaría una invasión”, según expertos.