Bolivia recibió en el 2015 al primer papa latinoamericano, vio recrudecerse su eterno conflicto marítimo con Chile, sintió los primeros embates de la recesión económica y asistió, dividida, a la ofensiva de Evo Morales para seguir en el poder cambiando la Constitución que él mismo promulgó en 2009.

El país andino concluye el año inmerso en una caldeada campaña, porque el próximo 21 de febrero los ciudadanos deberán decidir en un referendo si aceptan o rechazan cambiar un párrafo de la Constitución para permitir que Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, puedan acudir a los comicios del 2019.

En la actualidad, la Carta Magna solo permite dos mandatos consecutivos, aunque el gobernante va ya por el tercero después de que el Tribunal Constitucional avalase en 2014 la tesis oficialista de que el primer mandato de Morales no cuenta porque Bolivia se refundó como Estado Plurinacional en 2009.

Más personalista que nunca, la campaña tiene por un lado a una atomizada oposición enervada ante la perspectiva de que Morales se quede en el poder hasta el 2025, y por otro a un oficialismo que ha recurrido a lo racial y al miedo, advirtiendo de que si Morales no es reelegido, "los blancos"volverán al poder.

"Si Evo no tiene apoyo regresarán los gringos, regresarán los asesinos y a las wawas (bebés) les van a quitar todo y va a haber llanto, y el sol se va a esconder y la luna se va a apagar y todo va a ser tristeza", auguró a finales de noviembre el vicepresidente Linera en un discurso ante una comunidad indígena del altiplano.

La campaña por el 'Sí' o por el 'No' ha acabado involucrando incluso al otro gran protagonista del año en Bolivia, el papa Francisco.

Y es que los políticos bolivianos no han dudado en "reciclar", según sus intereses, los carteles que en julio pasado dieron la bienvenida al pontífice argentino en una visita de tres días a Bolivia en la que el país entero se volcó.

Francisco protagonizó una estancia jalonada de recibimientos multitudinarios y con una intensa agenda marcada por el tono político, ya que el papa apostó por dar un espaldarazo a las políticas sociales de Morales, quien le correspondió regalándole un polémico crucifijo tallado sobre una hoz y un martillo.

Sin embargo, el apoyo de Jorge Bergoglio no sirvió al Gobierno para paliar algunos de sus problemas más acuciantes, entre ellos el enconamiento de la pelea con Chile por una salida soberana al Pacífico.

Ni las llamadas del papa al diálogo ni el retorno de la antaño "amiga"de Morales Michelle Bachelet a La Moneda han servido para acercar posturas con Chile sobre el centenario reclamo marítimo boliviano, que sigue su curso en la Corte Internacional de La Haya en medio de un goteo constante de recriminaciones entre los dos países.

Los aprietos económicos provocados por la caída de los precios de los hidrocarburos, una seria crisis de la Justicia y la recurrente conflictividad social también han dado este año quebraderos de cabeza al Ejecutivo.

Tras casi una década batiendo récords de crecimiento mientras lanzaba dardos contra el "capitalismo", Morales ha escenificado en los últimos meses un acercamiento a Europa, y especialmente a Rusia, en busca de inversiones y cooperación que permitan al país amortiguar una crisis incipiente.

Bolivia vive de las ventas de gas a Brasil y Argentina, pero el prolongado desplome del crudo, cuyos precios fijan a su vez los del gas, ha supuesto que el Estado boliviano deje de ingresar más de 3.000 millones de dólares, según reconoció el propio Morales en octubre.

A la vez, y acostumbrados a las vacas gordas de la bonanza económica, sectores antaño aliados del oficialismo se han puesto en pie de guerra para reclamar inversiones, demostrando que la conflictividad social tan característica del país nunca llegó a quedar superada.

En julio y agosto centenares de habitantes de Potosí, una región depauperada, tomaron las calles de La Paz a dinamitazos y se acuartelaron en la capital política durante semanas para exigir unas inversiones prometidas que nunca les llegaron.

Otra gran preocupación para Bolivia en el 2015 ha sido la crisis de la Justicia, un problema que ya venía arrastrando de años anteriores y que se ha agudizado en los últimos meses, con una sucesión de escándalos de corrupción que han llevado al Ejecutivo a poner el grito en el cielo.

En noviembre, un juez anticorrupción fue grabado extorsionando a la madre de un acusado de abuso sexual, a la que pidió miles de dólares por cambiar el tipo de delito por el que se juzgaría a su hijo.

El caso se llevó por delante a tres jueces y se conoció a la vez que la mitad de los magistrados del Constitucional se marchaban a China para un curso dejando al tribunal sin quórum, lo que provocó un descomunal disgusto en el Gobierno, que deberá poner orden en una Justicia que se ha convertido en el hazmerreír del país.

Efe