La libertad de prensa, gravemente amenazada en Etiopía

“En mi país, trabajar en un medio de comunicación es muy peligroso, muy difícil. Me han encarcelado tres veces en el último año”. Así agradeció la periodista etíope Meaza Mohamed el premio International Women of Courage entregado por el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el pasado ocho de marzo. En sus declaraciones dejó patente que la libertad de prensa en Etiopía se encuentra en horas bajas. Tan bajas, que el último análisis publicado por Reporteros Sin Fronteras coloca a Etiopía en el puesto 114 de 180 países analizados (trece puestos por debajo respecto a 2021) en su índice de libertad de prensa. La reciente guerra de Tigray y los conflictos étnicos que han absorbido al gobierno de Abiy Ahmed son las causas principales de esta debacle.

La libertad de expresión se encuentra en Etiopía gravemente amenazada. Lo dicen Meaza Mohamed y Reporteros Sin Fronteras, pero lo confirman los 19 periodistas detenidos en mayo de 2022 y los 25 medios de comunicación que han sufrido demandas por la vía penal de parte de la Autoridad Etíope de Medios. En el momento en que parecía que el país africano alzaba el vuelo y dejaba atrás el autoritarismo periodístico que caracterizó a los gobiernos previos al de Abiy Ahmed, el ganador del Nobel de la Paz de 2019 ha pegado un volantazo en sus políticas y recurrido a aquello que criticó a los que vinieron antes que él. Recordemos que dos periodistas suecos, Martin Schibbye y Johan Persson, fueron detenidos, acusados de terrorismo y condenados a once años de prisión en 2012 (aunque un año después fueron liberados), mientras por esas fechas se determinó que 79 periodistas etíopes se habían visto forzados al exilio desde 2001 para evitar su encarcelación.

La directora regional de Amnistía Internacional, Flavia Mwangovya, anunció hace una semana que “las autoridades etíopes han bloqueado desde hace un mes el acceso en algunas zonas a plataformas sociales como Facebook, Telegram, TikTok y YouTube. Por tanto, las autoridades continúan violando los derechos del individuo a la libre expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y compartir información”. En un mundo donde cualquiera puede ser un agente de la información, ya sea compartiendo vídeos e imágenes o exponiendo opiniones en las redes sociales, estas restricciones impuestas por el Gobierno no afectan sólo a los profesionales de la comunicación, sino a todos los ciudadanos que posean un smartphone.

Abiy Ahmed pareció acabar con todo eso. Una nueva ley de medios aprobada en 2021 ofrecía una base legal más amplia para los periodistas, donde la difamación fue descriminalizada y la confidencialidad de las fuentes periodísticas, protegida. Una ley que se ha visto ensombrecida por otra, la ley del terrorismo, en la que el discurso de odio, un término opaco y demasiado amplio para ser certero, puede castigarse con severas penas de prisión y utilizarse contra los periodistas que difieran con el discurso gubernamental. Meaza Mohammed, que ha dedicado sus esfuerzos a denunciar las injusticas sufridas por parte de la etnia Amhara a manos del Gobierno, se ha visto afectada por estas medidas legales, desde que la región Amhara cuenta con un brazo armado que (en ocasiones) choca directamente con el Ejército gubernamental.

Los esfuerzos del Primer Ministro por establecer la libertad de prensa en Etiopía se vieron además frustrados por la guerra de Tigray (2020-2022), que tuvo su origen en los rifirrafes políticos del país y que se ha cobrado una cifra aproximada de 600.000 muertos. El periodista que escribe este artículoestuvo recientemente en Tigray y fue retenido durante doce horas e interrogado por un coronel del Ejército, después de ser zarandeado y amenazado por un grupo de militares furiosos, por lo que ha podido comprobar de primera mano los riesgos a los que se expone la profesión en este país africano. En el marco de la guerra de Tigray, varios periodistas locales han sido asesinados bajo circunstancias sin resolver, mientras un reportero del New York Times fue expulsado del país por no compartir la línea editorial exigida por el Gobierno. Igualmente, la cobertura mediática del conflicto fue nula desde que Abiy Ahmed prohibió a los periodistas entrar en Tigray, una restricción que todavía hoy se mantiene.

Abiy Ahmed se enfrenta ahora a un proceso de paz complejo y dificultoso. Los observadores opinan que la paz firmada en Pretoria da alas a una reanudación del conflicto en un futuro, despertando aquella vieja pregunta taoísta que cuestiona si se hace realmente el bien cuando se pone paz en un grave conflicto dejando residuos del conflicto. Que Reporteros Sin Fronteras determine que son los propios periodistas etíopes quienes se autocensuran, ya sea por miedo a su seguridad física o por las presiones étnicas y políticas, determina que no habrá paz en Etiopía hasta que regrese a sus medios una libertad plena. Pese a que la libertad de expresión venga garantizada según la Constitución etíope, parecería que de nada sirve la Constitución mientras se desarrollen una gama de leyes que contradicen directamente esta afirmación.