La persecución política descabeza a una oposición más débil y dividida

Las autoridades venezolanas han ido apartando de su camino a los líderes opositores más incómodos, usando para ello el aparato policial, militar y judicial. Unos están en prisión, otros han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y una tercera parte ha salido del país huyendo del acoso y las amenazas de cárcel. El último caso es el de Antonio Ledezma, un veterano de la política venezolana, amigo de Felipe González y líder histórico de la socialdemocracia en este país.

De esta manera, el Gobierno de Nicolás Maduro se ha quedado sin rivales políticos, apagando más voces disidentes, pero sobre todo, el presidente bolivariano estaría ganando tiempo para intentar recomponer la maltrecha economía del país y lograr el dominio total sobre la situación política.

El profesor venezolano Carlos Blanco, de la Universidad Central, asegura que «el régimen utiliza los presos políticos como rehenes para una negociación política con una parte de la oposición, que tiene como objetivo la perpetuación de Maduro en el poder».

El Gobierno ha ido soltando en las últimas semanas con cuentagotas a varios de los al menos 350 presos políticos que existen en las cárceles del país. Algunos han sido liberados a cambio de participar en las elecciones municipales de diciembre.

Esta estrategia de anular al contrario fue practicada con éxito previamente por Hugo Chávez. Fue el fallecido presidente quien hundió la carrera política de Leopoldo López en 2008, cuando éste aspiraba a repetir como alcalde de Chacao. López fue acusado de malversación y le impidieron participar en política. No fue suficiente su inhabilitación porque en 2014 le arrestaron y condenaron a 13 años de prisión por instigar la violencia en las calles. Hoy se encuentra en arresto domiciliario y sin posibilidad de hablar públicamente. Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, fue inhabilitado hace unos meses para ejercer cargos públicos por un periodo de quince años. María Corina Machado, una de las oponentes más combativas frente al chavismo, quedó fuera del Parlamento en 2015 por decisión del oficialismo.

El Gobierno también ha perseguido a la nueva generación de políticos. Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, se tuvo que refugiar hace unos días en la embajada chilena en Caracas ante su inminente encarcelamiento pese a tener inmunidad parlamentaria. Yon Goicoechea, otro preso político y feroz crítico con el régimen chavista, salió de la cárcel para presentarse como candidato a las elecciones municipales, un giro a su estrategia visto por muchos como una claudicación ante los deseos del oficialismo de legitimar unos comicios boicoteados por la oposición. David Smolansky, alcalde del Hatillo, y Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, se fueron del país en agosto tras sendas condenas de cárcel.

Dentro de Venezuela muchos ven en esta estrategia del Gobierno un intento de obligar a la oposición a una negociación –que se retoma el 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo– para que el antichavismo acabe por aceptar la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no sólo eso. Según Blanco, el oficialismo estaría dispuesto a su vez a dar competencias nuevamente al Parlamento, dominado por la oposición y ninguneado por el Gobierno, a cambio de que ese Parlamento apruebe los planes del Gobierno para reestructurar la deuda y evitar así la suspensión de pagos. «Es sabido que muchos acreedores, sobre todo los estadounidenses, no quieren reestructurar la deuda si no ha sido previamente aprobada por el Parlamento», explica Blanco, quien asegura que el presidente bolivariano también quiere que esa hipotética «oposición sometida» acabe exigiendo a Estados Unidos y a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones. Sea como sea, Maduro ha logrado desactivar las protestas de la calle y ha silenciado el liderazgo opositor. «El panorama no puede ser más desolador», concluye Blanco.