La norma permite a las víctimas del 11-S demandar a las autoridades saudíes por su supuesta complicidad.

El régimen de Arabia Saudí ha negado siempre las sospechas de sus relaciones con los terroristas que planificaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Riad incluso ha presionado a los legisladores de Washington contra esta ley. De momento, sin embargo, parece que ceden terreno en el Congreso, que ayer anuló por una abrumadora mayoría el veto del presidente Barack Obama a un proyecto legislativo que permitirá a los familiares de las víctimas del 11-S demandar al Gobierno de Arabia Saudí por su supuesto apoyo a los terrorristas.

A esta decisión, se une la resolución del Senado de restringir las ventas de armas al país árabe hasta que frene los ataques contra civiles en Yemen. En la Cámara Alta, 97 senadores votaron en contra del presidente demócrata, frente a uno solo que lo apoyó. La voz discordante fue el senador de Nevado y líder de la minoría demócrata, Harry Reid. Mientras, en la Cámara de Representantes se decidió anular el veto presidencial con 348 votos contra 77.

«Anular un veto presidencial es algo que no se hace a la ligera, pero era importante que en este caso las familias de las víctimas del 11-S puedan buscar justicia. Incluso si eso provoca algunas incomodidades diplomáticas», indicó el senador demócrata de Nueva York Charles Schumer, que ha redactado la ley junto con el senador republicano John Cornyn.

En una carta enviada el martes a Reid y al líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell, Obama reconoció que «garantizo mi total compromiso a ayudar a las familias de las víctimas de los terroristas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero esta ley ni va a proteger a los estadounidenses de ataques terroristas ni mejorará la efectividad de nuestra respuesta a los mismos». En cambio, advirtió el presidente norteamericano, la norma va a poner en riesgo a los militares y los funcionarios de Estados Unidos que trabajan en el extranjero, dado que la iniciativa abre la puerta a que otros países respondan con demandas parecidas a los diplomáticos de Washington y a su personal militar ante los tribunales extranjeros.

De ahí que al menos 20 senadores hayan firmado una carta en la que se comprometen a revisar el asunto si la nueva ley genera consecuencias negativas para las relaciones diplomáticas. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el republicano Bob Corker, reconoce que el lenguaje utilizado en esta norma es muy general. En consecuencia, teme que ofrezca margen a países como Pakistán y Afganistán a responder con posibles demandas por los bombardeos de Estados Unidos con drones (aviones no tripulados) o incluso por el apoyo de Washington a Israel.