Israel asegura haber «aprendido la lección» y entierra el caso Pegasus

Aviv Mussinger es el joven CEO de la «start-up» Kodem, una de las decenas de empresas emergentes israelíes que operan en el mercado de la ciberseguridad. Fundó la compañía hace dos años junto a sus socios Idan Bartura y Pavel Furman, quienes, como él, fueron empleados de NSO Group, la compañía que comercializó el «spyware» Pegasus, el programa espía más potente jamás creado que saltó a las páginas de la prensa internacional por su uso sistemáticamente indebido, que facilitó a varios regímenes autoritarios el seguimiento a través de sus dispositivos móviles de activistas, empresarios, periodistas, jefes de Estado y de Gobierno y líderes opositores de todo el mundo.

Mussinger sirvió como analista de inteligencia en su paso obligatorio por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). Recaló años después en NSO, en un momento en que la compañía ganaba notoriedad a marchas forzadas en el sector de la ciberinteligencia. La empresa contaba con más de 700 empleados y tenía un volumen de ingresos superior a los 250 millones de dólares en 2018. Había sido fundada ocho años antes por Shalev Hulio y Omri Lavie, dos amigos del instituto que pasaron, como el propio Mussinger, por la unidad de inteligencia militar de élite de las FDI 8200.

El CEO de Kodem reconoce en conversación con LA RAZÓN que su carrera en el sector privado no habría sido posible sin su experiencia militar. Cuenta también desde sus oficinas, con vistas envidiables al «skyline» de Tel Aviv, que abandonó NSO antes de que la compañía «cayera en desgracia». Es decir, antes de que fuera sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2021 por unos hechos que reveló meses antes el consorcio Forbidden Stories y Amnistía Internacional, organismos que tuvieron acceso a una lista con más de 50.000 números de teléfono infectados con Pegasus. Figuraban, entre otros, los nombres del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan; o el rey de Marruecos, Mohamed VI.

En un informe que data de junio de 2021, NSO aseguraba que su producto estrella «no era una tecnología de vigilancia masiva» y que «solo se utilizaba cuando [existía] una razón legítima de aplicación de la ley o de inteligencia», es decir, ante casos de terrorismo o crimen organizado. Sin embargo, solo en el listado del cliente marroquí se contaban más de 10.000 terminales. Incluido el del presidente francés Emmanuel Macron.

El Ministerio de Defensa de Israel, que dirige la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa, tenía la capacidad de restringir la concesión de licencias de las herramientas de vigilancia de la empresa y podía llevar a cabo su propia revisión de los historiales de derechos humanos de los países que querían adquirir la tecnología de NSO, aunque sea una empresa privada. De hecho, la legislación israelí consideraba a Pegasus como un arma más de su arsenal.

Gaby Portnoy recibe a LA RAZÓN en Tel Aviv al margen de la Cyber Week. Es conocido en la prensa local como «el zar de la ciberseguridad» y dirige desde hace poco más de un año la Dirección Nacional Cibernética, un departamento se encarga de controlar la venta de «herramientas ofensivas» de ciberseguridad desarrolladas por la industria «hi-tech», explica. Portnoy, eso sí, insiste en que no regula la venta de aquellas herramientas que consideran «defensivas». Pero no queda claro cuáles son las diferencias. Se lava las manos y asegura haber «aprendido la lección» del caso Pegasus.

«Empresas como NSO hay miles, aparecen debajo de las piedras», señala una mujer de mediana edad apostada en una de las áreas de descanso del campus de la Universidad de Tel Aviv. Prefiere no identificarse y, mientras apura las últimas caladas de un cigarrillo, habla sin tregua sobre las amenazas para la sociedad que representan este tipo de compañías tecnológicas. Las herramientas que desarrollan, sostiene, nos abocan a un control social exhaustivo, una vigilancia masiva y un exceso de seguridad que recorta las libertades civiles. Es una de las pocas voces críticas que se revuelven contra la industria, hoy mascarón de proa de la economía israelí.