Israel se encontrará por primera vez en su historia en el banquillo de los acusados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el peor crimen que un judío pueda imaginar: genocidio.

La sospecha de que Israel está asesinando intencionalmente a civiles palestinos, es decir, cometiendo genocidio, parece absurda a una enorme porción de la población israelí, sin embargo, las autoridades se han tomado muy en serio la acusación. No como con las resoluciones de la ONU ni otras amenazas previas del mismo tribunal de La Haya.

Principalmente porque Israel es signataria de la Convención sobre Genocidio que Sudáfrica alega que Israel viola en su demanda a la CIJ, y eso no le permite ignorarlo.

La demanda sudafricana, de 84 páginas, cita el gran número de civiles palestinos asesinados durante la guerra y la escasez de alimentos, agua y atención médica como el resultado de un esfuerzo planeado por Israel para cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Además, existen numerosas declaraciones de varios ministros del Gobierno israelí sobre los palestinos que dan a la acusación una plataforma para alegar que el Estado efectivamente tiene la intención de cometer un genocidio, lo que, según los juristas, es un elemento crucial en cualquier acusación de genocidio.

Comentarios del primer ministro, Benjamín Netanyahu, del ministro de Defensa, Yoav Gallant, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, todos ellos miembros del gabinete de seguridad que toma decisiones políticas sobre el tema, han sido presentados por la acusación como comentarios que deshumanizan a los palestinos y amenazan con ataques indiscriminados.

«Los actos y omisiones de Israel de los que se queja Sudáfrica son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino», se lee en el documento.

Netanyahu dijo el 28 de octubre, haciendo referencia al enemigo bíblico de los antiguos israelitas: «Debes recordar lo que Amalec te ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Y lo recordamos». La acusación sudafricana citó este comentario, así como el versículo bíblico de Samuel que ordena a los israelitas matar a todos los hombres, mujeres y niños de Amalec. Sin embargo, en el mismo discurso, Netanyahu insistió en que «el Ejército hace todo lo posible para evitar dañar a los no combatientes» y dijo que estaba «llamando a la población civil a evacuar» a zonas seguras en Gaza.

Según recoge la acusación, Gallant dijo que Israel está «luchando contra animales humanos» y «actuaría en consecuencia», y Smotrich dijo «tenemos que asestar un golpe que no se ha visto en 50 años y acabar con Gaza». Citan también la declaración de Ben Gvir: «Cuando decimos que Hamás debe ser destruido, también nos referimos a aquellos que celebran, a los que apoyan y a los que reparten dulces: todos son terroristas y también deberían ser destruidos». El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, comentó que «no existen civiles no involucrados en Gaza».

La solicitud de Sudáfrica no hace ninguna mención de la práctica de Hamás de incorporar sus instalaciones militares y combatientes en todos los aspectos de la infraestructura civil de Gaza, incluidos hospitales, mezquitas, escuelas, hogares, instalaciones de la ONU y otros sitios similares, incluso al mencionar los ataques israelíes a dicha infraestructura.

Sí menciona en una ocasión la red de túneles de Hamás, muchos de los cuales están ubicados bajo zonas civiles y que se utilizan solo con fines militares, pero para señalar la preocupación sobre el impacto ecológico de la inundación de dichos túneles, que ha llevado a cabo Israel.

Impacto del fallo

Un fallo final de la CIJ probablemente tardará años en producirse, sin embargo, Sudáfrica ha solicitado al tribunal que emita órdenes provisionales contra Israel que podrían ir desde exigir un alto el fuego total e inmediato –al que Israel y Estados Unidos se oponen firmemente porque Hamás aún no ha sido desmantelado– hasta insistir en que se permita la entrada de más ayuda humanitaria.

Pero sería la decisión provisional en sí misma, que las acusaciones de Sudáfrica son incluso plausibles, lo que sería lo más perjudicial para la posición de Israel.

En realidad, para la defensa de Israel será más difícil establecer que es falsa la plausibilidad de acciones genocidas que una determinación final definitiva. Y, en tal caso, las dificultades para Israel serán muchas. Para empezar, el apoyo exterior a un Israel que comete genocidio según la CIJ sería muy complicado.

El equipo legal que representa a Israel no habla con la prensa y las autoridades guardan silencio sobre la línea de la defensa.

«Estoy seguro que Israel no está cometiendo un genocidio y no está llevando a cabo un delito bajo el derecho internacional», dice León Amiras, abogado y vicepresidente del Colegio de abogados de Jerusalén. «El derecho internacional no tiene dientes, como el penal y el civil, en este caso, las Naciones Unidas tratan, por medio de esta corte, darle cierta existencia al derecho internacional. Las actividades de Israel en otras guerras, en los territorios ocupados, podría haber discusión, pero en este caso es un acto de autodefensa».

Es probable que el principal representante legal de Israel en la sala del tribunal de la CIJ en La Haya, el abogado británico Malcom Shaw, argumente que las bajas civiles son el resultado no intencional del objetivo bélico de Israel de destruir a Hamás y del hecho de que el grupo terrorista ha arraigado tan profundamente sus instalaciones militares y sus combatientes entre la población civil y la infraestructura de Gaza.

Y probablemente se argumentará que los comentarios hechos por los ministros del gabinete de seguridad israelí fueron sacados de contexto, no dirigidos no a la población civil palestina sino a los líderes y combatientes de Hamás, o no se reflejaron en la conducta del Ejército.

Los 15 jueces permanentes que forman parte del tribunal son nombrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y provienen de países con niveles muy diferentes de independencia judicial. El presidente del tribunal es la jueza Joan Donoghue de Estados Unidos, y otros jueces provienen de países democráticos como Francia, Alemania, Australia, India, Eslovaquia, Jamaica, Japón y Brasil.

Tanto Sudáfrica como Israel enviarán jueces que han designado como miembros ad hoc del panel que trata el caso. El juez de Israel será el ex presidente de la Corte Suprema Aharon Barak. Los demás jueces proceden de Rusia, China, Marruecos, Somalia, Líbano y Uganda. Y en Israel preocupa su nivel de independencia.