La Fiscalía venezolana informó de que el concejal Fernando Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) y de que abrió una investigación por el hecho, pero su partido, Primero Justicia (PJ), denunció un asesinato.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la muerte del opositor venezolano Fernando Albán como parte del mandato dado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar los abusos cometidos en el país. Así lo confirmó hoy en rueda de prensa Ravina Sahmadasani, portavoz de la Oficina, quien explicó que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los temas que incluirá la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que realizará la entidad.

La Fiscalía venezolana informó de que el concejal Fernando Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) y de que abrió una investigación por el hecho, pero su partido, Primero Justicia (PJ), denunció un asesinato.

El fiscal general, Tarek Saab, indicó que Albán, encarcelado el viernes al llegar a Venezuela proveniente de Estados Unidos, se suicidó lanzándose desde el décimo piso del Servicio de Inteligencia (Sebin) en el centro de Caracas cuando iba a ser trasladado a tribunales.

Según el fiscal, Albán solicitó ir al baño «y estando allí se lanzó al vacío».

«Las causas por lo que lo hizo vamos a esclarecerlas en todas sus magnitudes», dijo, al tiempo que informó de que designó a «dos fiscales nacionales» para abrir una «exhaustiva investigación».

Por su parte, el ministro del Interior, Néstor Reverol, señaló en Twitter que Albán se encontraba «en la sala de espera» de la sede del Sebin y «se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío».

Añadió que «un equipo multidisciplinario» adelanta la investigación «conjuntamente con el Ministerio Público para esclarecer este lamentable suceso».

El partido Primero Justicia ha rechazado las declaraciones de la Fiscalía, pues alegan que el concejal era una persona de «profundos valores cristianos», por lo que aseguró, en un comunicado, que el político fue «asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro».

También la Archidiócesis de Caracas ha pedido una investigación de los hechos. Así lo ha reclamado en un comunicado donde recuerda que la Archidiócesis ya había solicitado la liberación de Albán.

La organización exigió «la verdad de las cosas» y señaló «que esta dolorosa situación demuestra lo peor de la dictadura: un sistema de muerte que penetra en la conciencia de quienes defendemos la libertad en VENEZUELA».

Asimismo, el abogado del concejal, Joel García, criticó que el fiscal haya señalado a «a priori» que se trató de «un suicidio» y señaló que esto solo «indica el sesgo» que tendrán las averiguaciones.

El jurista resaltó que «toda persona que se encuentra privada de su libertad está bajo las órdenes y el cuidado del Estado» al tiempo que recordó que este domingo visitó a su defendido y que se encontraba sereno y sin un rasguño, pero que tenía información de que había sido sometido a presiones.

Por su parte, el líder de PJ, el diputado opositor Julio Borges, exiliado en Colombia y también acusado por el atentado a Maduro, indicó en un vídeo en Twitter que la información de la muerte de Albán «corría como rumores desde la mañana».

«Hablé con su esposa (...) y me dijo que todas las personas que hablaron con él ayer lo vieron fuerte, sólido, con convicción, contó que lo estaban presionando para incriminar a toda una cantidad de gente con el tema del magnicidio y hoy vemos el resultado de eso», agregó en el material audiovisual.

PJ también denunció que el Gobierno quería incinerar el cuerpo del concejal para ocultar las evidencias del «asesinato», pero minutos después informó que el cadáver fue entregado a sus familiares «sin procedimientos mínimos forenses y obstaculizando el camino hacia la verdad».

La muerte del concejal además ha provocado la reacción de los distintos dirigentes y partidos de la oposición venezolana, como el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, también militante de PJ, quien ha señalado que quienes conocieron al concejal saben «que NUNCA podría haber actuado contra su vida».

El partido Vente Venezuela de María Corina Machado; Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López; Un Nuevo Tiempo (UNT) del presidente del Parlamento, Omar Barboza; la Causa R del dirigente Andrés Velásquez y otros han expresado sus condolencias a los familiares del concejal y han pedido una investigación por este hecho del que responsabilizan al Gobierno.

Además, el Parlamento impulsará una investigación independiente y este martes tratará el caso «como punto único de la agenda».

El partido de Albán denunció una campaña gubernamental que busca criminalizarlo y que ya incluye acusaciones a varios de sus dirigentes, como al diputado Juan Requesens, quien también fue detenido el 7 de agosto acusado de participar en el atentado contra Maduro. EFE