Francia condena por lavado de dinero a Teodorín Obiang

La pena de tres años de cárcel y pago de 30 millones de euros de multa sólo la tendrá que cumplir si el hijo del dictador africano reincide en el delito.

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Obiang ha sido condenado en Francia a tres años de prisión y al pago de treinta millones de euros de multa, pena que tendrá que cumplir en caso de que reincida. La justicia gala le considera culpable de haberse construido en Francia un considerable patrimonio personal de forma fraudulenta, dentro de lo que la ley francesa llama «bienes mal adquiridos». El proceso en sí era una primicia porque es la primera vez que se aplica esta figura legal. El hijo del presidente Obiang Nguema, de 48 años de edad, no ha estado presente durante el juicio, lo que no ha impedido que los jueces reconozcan su culpabilidad por blanqueo de abuso de bienes sociales, de desvío de fondos públicos, de abuso de confianza y de corrupción.

El tribunal también ha ordenado que se le confisque el conjunto de los bienes que había adquirido por procedimientos fraudulentos y que le habían sido embargados, entre ellos un lujoso palacete situado en París, en una de las avenidas que salen de la plaza del Arco del Triunfo, la avenida Foch. La pena no deja de ser inferior a lo que había solicitado el fiscal nacional de la oficina financiera que reclamaba que los tres años de prisión fueran firmes, así como los 30 millones de euros de multa. Sin embargo, para la defensa, que clamó en el juicio que «el primer crimen reprochado a Teodorín Obiang es el de ser hijo de su padre», la decisión del tribunal es «una decisión militante», y aseguró que van a «examinar todos los recursos posibles».

Desde un primer momento, Guinea Ecuatorial ha estado denunciando el carácter político de este proceso, y considerándolo como una injerencia de Francia en los asuntos de un Estado Soberano, pero el tribunal le ha recordado a su vez que Francia era competente para juzgar a Obiang porque sólo se le juzgaba por las infracciones cometidas sobre su territorio y porque ese enriquecimiento era para su uso personal, y no por «hechos cometidos en Guinea Ecuatorial» en el ejercicio de sus funciones. A través de sociedades pantalla, Obiang se había hecho con un importante patrimonio inmobiliario. Además del palacete, poseería dieciocho coches deportivos de lujo, obras de arte, joyas y ropa de marca. Este patrimonio considerable fue puesto de relieve tras la investigación abierta a raíz de la denuncia contra Teodorín Obiang presentada por la organización Transparencia Internacional y la Cored (Coalición para la restauración de un Estado democrático en Guinea Ecuatorial).

Cleptocracias africanas

Los abogados de las asociaciones, Francis Spitzer y William Bourdon fueron señalando durante el proceso que no había «más que evidencias» en este asunto, «una de ellas es que el acusado es riquísimo y su pueblo mayoritariamente muy pobre», dijo Spitzer. Su colega saludó «el orgullo de ver que Francia acoge el primer proceso de un cleptócrata que se ha enriquecido en detrimento de su pueblo».

Teodorín Obiang no es el único que está bajo los focos de la justicia francesa. Es el primer dignatario que es juzgado desde que Francia lanzó los procedimientos llamados «bienes mal adquiridos», pero hay otras personalidades de origen africano que también están en su punto de mira. Concretamente, la Policía gala investiga a personas del entorno del presidente congoleño Denis Sassou Nguesso, del ya fallecido Omar Bongo, presidente de Gabón, o del antiguo presidente centroafricano François Bozizé, en la actualidad destituido.

La Cored, enfrentada a la Coalición de Moto, afirmó que la exención de la pena de cárcel para el actual número dos del régimen es «una decepción» para los ecuatoguineanos, aunque la condena en sí constituye una «victoria» política porque evidencia «la responsabilidad» de los dirigentes de ese país en prácticas delictivas. El Tribunal Correccional de París impuso, además, al hijo de Obiang y actual «número dos» del régimen el pago a Transparencia Internacional de una doble indemnización, de 10.000 y de 41.000 euros.