Francia se ha convertido este lunes en el primer país del mundo que blinda el aborto como un derecho constitucional. Casi medio siglo después de su despenalización, el Congreso extraordinario de Versalles que aglutina a las dos cámaras, diputados y senadores, ha dado luz verde por 780 votos a favor, sobrepasando de largo los tres quintos necesarios para dar luz verde a la reforma constitucional. Era un resultado esperado ya que previamente ambas cámaras por separado, Asamblea Nacional y Senado, donde tiene mayoría la derecha, habían votado mayoritariamente a favor en lo que se entiende como un consenso transversal políticamente y que plasma que más de un 80% de los franceses era partidario de la medida. Francia, faro de los avances cívicos y sociales, lo ha vuelto a ser en Versalles.

“Tenemos una deuda moral con todas las mujeres que han sufrido en sus carnes” ha subrayado el primer ministro galo, Gabriel Attal, en el inicio del congreso extraordinario de Versalles, método elegido para la modificación constitucional por Macron al descartar hacer un referéndum que hubiese servido de altavoz a un debate pro y contra que el presidente quería evitar.

La de este lunes en Versalles ha sido una ceremonia solemne y emotiva. La carga emocional alcanzaba las tribunas del público y de prensa y hasta los alrededores del Palacio de Versalles. La sensación general era la de una victoria en un combate por reconocer como fundamental un derecho atrapado en una ola de retroceso en varios países del mundo que lo han discutido o directamente suprimido.

Pese al amplio respaldo popular, no toda Francia apoyaba la medida. La organización antiabortista Marcha por la Vida ha realizado una manifestación en Versalles, "para defender la vida de los niños por nacer y de todas las víctimas del aborto" a la que han asistido centenares de personas. Los partidarios, por su parte, han presenciado la histórica votación en la explanada de Trocadéro, con la Torre Eiffel de fondo, gracias una pantalla gigante instalada por la alcaldía de París y la Fundación de Mujeres.

En 2022, se extendieron los plazos hasta las 14 semanas en Francia, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas se mantiene estable desde hace dos décadas en unas 230.000 anuales. Sin embargo, el acceso sigue siendo complicado en algunas zonas rurales del país. La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Francia desde la adopción de la ley impulsada hace medio siglo por la ministra de centroderecha Simone Veil. La ley goza de un consenso amplio, más allá de las ideologías, pero lo ocurrido en otros países hizo tomar la iniciativa constitucional a varios sectores políticos y sociales del país. Una minoría de parlamentarios, ubicados en la derecha y la extrema derecha, se oponía a la reforma, con el argumento de que el derecho al aborto en modo alguno está amenazado y todo el debate es una cuestión de postura, mero simbolismo.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 de dejar de reconocerlo como un derecho federal activó las alarmas y la iniciativa de inscribir el aborto en la constitución francesa arrancó desde la izquierda y el macronismo. La derecha, reticente en un principio, fue incorporándose al sentir social. "No hay que esperar a que un derecho esté realmente amenazado para protegerlo (...) Es una protección que debemos a las mujeres", subrayó el domingo el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti.

Tras la aprobación prevista del Congreso, la ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución, en presencia de Macron, tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, según una fuente conocedora. Para añadir si cabe más carga simbólica.

Antes de la histórica decisión de Francia, Chile intentó introducir el derecho para las mujeres a "una interrupción voluntaria del embarazo" en su proyecto de nueva Constitución en 2022, que los chilenos rechazaron en referendo. En el lado opuesto, algunos países la prohíben implícitamente en su ley fundamental al blindar un derecho a la vida desde la concepción, como en el caso de República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador.