Aunque la decisión más contestada es el fin de los subsidios a los combustibles, el Gobierno también quitará 15 días de vacaciones a los empleados públicos y aumentará los impuestos

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la pasada semana una serie de medidas para reducir el gasto público que reciben el nombre de "paquetazo". La más relevante es el aumento del precio de los carburantes, pero hay otras decisiones que afectarán al nivel de vida de los ecuatorianos y que han provocado un gran malestar en sectores como los transportistas.

En el anuncio del presidente del pasado 1 de octubre dejó claro que no se subirá el IVA, que actualmente es el 12%, tal y como muchos se temían. Los críticos con el Gobierno consideran que detrás de estas medidas está el acuerdo que Moreno alcanzó en marzo con el FMI para conseguir un crédito de 4.200 millones de dólares para sanear sus cuentas fiscales. Éstas son las principales decisiones que forman parte del "paquetazo":

1.-La gasolina extra subió de 1,85 dólares el galón 2,30. El diesel aumentó de 1,08 a 2,27 dólares, lo que supone un aumento del 120%. En la práctica, significa la eliminación de los subsidios que históricamente mantenían los carburantes. El Estado ecuatoriano destinaba una partida de 1.300 millones de dólares anuales.

2.-Con el fin de reducir la masa salarial, el Gobierno bajará hasta un 20% las remuneraciones en los contratos temporales firmados en el sector público.

3.-Menos vacaciones. Las medidas anunciadas incluye una pérdida de 15 días para los empleados públicos, así en lugar de 30 días pasarán a tener 15 días de vacaciones.

4.-El salario de un día de cada mes de los empleados públicos irá a parar a Hacienda.

5.-Las empresas con ingresos superiores a los 10 millones de dólares serán grabadas con una contribución especial durante tres años.

Como medida de compensación para los más vulnerables, se prevé un aumento en los bonos de ayuda de 15 dólares, de 69 a 84 dólares, y 300.000 familias serán incluidas en este programa asistencial. También se ha programado una bajada de los aranceles para la compra de maquinaria y la eliminación de los impuestos a la importación de aparatos tecnológicos, desde móviles a tabletas, para que las importaciones de bienes de consumo sean más baratas.

Tras las protestas sobre Quito, el Gobierno propuso a los indígenas una batería de medidas para suavizar el impacto del “paquetazo”. El Ejecutivo se compromete a poner en marcha un plan integral de agua que incluya sistemas de riego y condonar todas las multas impuestas por la Secretaría Nacional de Agua (Senagua), desarrollar 2.000 hectáreas de pastos mejorados y reestructurar las deudas sobre la tierra, adecuar 500 kilómetros de vías rurales; crear cuatro centros de acopio para alimentos, reabrir colegios, entregar kits tecnológicos y llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario, informa Efe.

"Las decisiones que he tomado han sido postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, críticos y futuros candidatos no lo van a decir en público, pero lo dicen en privado". Así justificó Lenín Moreno los recortes anunciados por su Gobierno. El Ejecutivo considera insostenible el nivel de gasto público, que durante la época de Rafael Correa en la presidencia pasó del 25% del PIB al 44%%. En 2016 el déficit llegó al 7% del PIB.

El Ejecutivo también argumenta que el presupuesto se había realizado bajo la premisa de un precio por barril de petróleo ecuatoriano superior al actual. El petróleo es la principal fuente de divisas de Ecuador, que produce unos 350.000 barriles diarios. Más de la mitad de esa cantidad se destina a la exportación, según informa la BBC.

Las organizaciones sindicales consideran que "el paquetazo"afecta más a las clases pobres, especialmente en lo tocante al recorte de subsidios a los combustibles, y creen que el recorte se produce por las duras condiciones impuestas por el FMI para liberar un préstamos de 4.200 millones de dólares.

Según analiza Pablo Ospina Peralta, "el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante".