Sessions les retirará las ayudas oficiales si se resisten a deportar a los inmigrantes irregulares

El fiscal general del Estado, Jeff Sessions, aumentó la presión ayer sobre las «ciudades santuario», en referencia a aquellas urbes y estados donde hay leyes y acuerdos tácitos que permiten que no se persiga a los indocumentados. Según anunció en la rueda de prensa diaria del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, Sessions indicó que a partir de ahora los gobiernos locales y estatales que soliciten subvenciones deberán probar antes de recibir los fondos que no ayudan a los inmigrantes irregulares. De esta forma, advirtió a las autoridades locales y estatales, que podrían perder 4.100 millones de dólares de las ayudas y subvenciones del departamento de Justicia.

«Estas políticas no pueden continuar. Hacen nuestra nación menos segura al poner criminales peligrosos en las calles», indicó Sessions sobre las «ciudades santuario», que empezaron en Los Ángeles en los años setenta ante la necesidad de los agentes de Policía de establecer lazos con la comunidad hispana. Actualmente, en Estados Unidos hay cuatro «estados santuario» (California, Connecticut, Nuevo México y Colorado) y más de un centenar de ciudades y condados, sobre todo en Oregón, Pensilvania y Washington. Esta decisión es la última medida de la Administración Trump contra las urbes que no ayudan a las autoridades federales a aplicar las leyes migratorias. Sessions aseguró que cumplir las leyes migratorias será un requisito para que los estados y las ciudades puedan recibir las subvenciones de su departamento.

«No es un país seguro»

El fiscal general apunta a Los Ángeles, Nueva York, Chicago o Boston, pero también a Maryland, donde se acaba de proponer un proyecto de ley que podría convertir el Estado en «santuario». «Sería un error. Le pediría a los ciudadanos de Maryland que entiendan que esto hace de su Estado un lugar donde aumentará la violencia y el crimen. Eso no es una buena política», apuntó Sessions, que no especificó a qué ciudades advertía o qué tipo de fondos dejarían de recibir.

Ya existe una ley de la Administración Obama que entró en vigor en verano que exige a las autoridades locales y estatales cumplir la Ley antes de solicitar cualquier ayuda del Departamento de Justicia. Sin embargo, este norma permite que algunas ciudades y estados «santuario» soliciten fondos según qué tipo de protección ofrecen a los inmigrantes indocumentados. «Los estadounidenses están enfadados y es normal. Saben que cuando las ciudades y los estados se niegan a aplicar la Ley, nuestro país no es un lugar seguro», recordó Sessions.