Nada más conocerse la sentencia por la que el Tribuna Supremo asumía las atribuciones del Congreso, y consciente de que el golpe definitivo a un lado u otro sólo lo pueden dar los militares, el presidente de el Asamblea Nacional, Julio Borges, pedía al Ejército que rompa su silencio ante la «ruptura del orden constitucional». Un grito de auxilio que por ahora no ha recibido respuesta. El Ejército sigue fiel a Maduro y ayer volvió a reprimir a la oposición. «Sabemos que los oficiales de la Fuerza Armada Nacional sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución y se conviertan en parte de la solución», declaraba Borges.

Si la tensión sigue aumentando y la oposición toma las calles, las Fuerzas Armadas de Venezuela tendrán que elegir pronto un bando en la lucha política. Por ahora su rumbo parece fijo, fiel a la causa chavista, aunque hay grietas que podrían agrandarse. A medida que las tensiones en Venezuela se han ido intensificando en los útimos meses por el malestar social impulsado en gran medida por las profundas desigualdades económicas y el polémico entorno político, el Ejército y otras fuerzas de seguridad han sido empujados a tener un papel más prominente. Subyace, en el fondo, un peligroso descrédito del sistema democrático que cada día recuerda más a una dictadura militar. Las Fuerzas Armadas son hoy el principal sostén de Maduro, más allá del núcleo duro de entre el 25% y el 30% que tiene el chavismo en la calle.

Desde que Maduro tomó el poder, reforzó el papel de los militares en los ministerios, además de dotarles de nuevos poderes en materia económica y policial. Según la nueva legislación, en caso de graves disturbios están autorizados a intervenir. Son además los custodios de los bancos alimenticios. Los encargados de repartir los víveres subsidiados. «Durante el comienzo del mandato de Maduro en el 2013 se vivió una lucha interna dentro de la filas de Ejército, entre los ‘‘madurianos’’ y los ‘‘halcones’’ fieles al vicepresidente, Diosdado Cabello. De hecho se llegó a temer un golpe de Estado», asegura Rodríguez Sanz, un general retirado. «Sin embargo las aguas se fueron calmando, el cártel de los Soles, conformado por militares, fue tomando forma y los bolsillos de Cabello y los suyos se llenaron», agrega. Maduro miraba para otro lado mientras los comandantes se enriquecían. Al final todos se unieron por una misma causa: el narcotráfico. Ahora son «los cancerberos» de Maduro, su guardia pretoriana, aunque siguen recibiendo órdenes de Cabello.

Pero en el camino han quedado algunos que no reciben su trozo de pastel, además de otros que realmente ven cómo la situación del país empeoraba y el Ejército se corrompe. Son algunos viejos leales a Hugo Chávez. Ellos son la esperanza de la oposición. Por eso en enero, y anticipando días de gran agitación, Nicolás Maduro inició una nueva depuración de las Fuerzas Armadas, dando de baja a oficiales cuya lealtad a la Revolución es cuestionada y persiguiendo a viejos compañeros del fallecido presidente que ahora son vistos como inconvenientes o como una amenaza.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN dijeron que la mentalidad del gobierno se está tornando cada vez más paranoica tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, y que ahora teme que Washington termine reanimando sus relaciones con la oposición y favoreciendo acciones que apunten hacia un cambio.

Más de cien oficiales activos fueron pasados a retiro, según una resolución firmada el 6 de enero por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La lista está compuesta por coroneles, mayores y hasta capitanes. «Son dos promociones a las que las están barriendo», sentencia el general retirado Antonio Rivero, quien se mantiene en contacto con oficiales activos en Venezuela. «Están tratando de depurar a la Fuerza Armada de aquellos oficiales que han sido retardados en el avance de su carrera fundamentalmente por su posición contraria al régimen propiamente», agrega.

Cubierto a duras penas ese frente, el Gobierno chavista se ha encontrado con una «guerrera» que no esperaba, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. De hecho sus declaraciones de ayer fueron emitidas en cadena nacional, seguramente porque Maduro esperaba palabras de apoyo. Ortega Díaz afirmó que las recientes decisiones del Supremo contra la Asamblea Nacional evidencian varias violaciones de la Constitución. Dos días después del fallo, la fiscal sorprendió al país al denunciar que hubo una «ruptura» del orden constitucional.

Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz, quien en el pasado estuvo vinculada al oficialismo, manifestó su «alta preocupación» por unas sentencias que han desatado la crisis política y llamó a reflexionar para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la Constitución y se rescate la pluralidad.