Venezuela
El día que los opositores estén por fin en la calle
La MUD prepara una ley de amnistía y dará batalla para poner en libertad a los 75 presos políticos, entre ellos, Leopoldo López
La Asamblea Nacional cambia de color y con ello las inquietudes de unos diputados que hasta ahora permanecían atados de manos frente a los deseos del líder chavista. La oposición, aún a la espera de confirmarse la adjudicación de 22 diputados, ya piensa en cuáles serán los primeros pasos legislativos para revertir el dramático escenario que deja 17 años de Parlamento «revolucionario». Una de sus prioridades será la de aprobar una ley de Amnistía que permite la puesta en libertad de los 75 presos políticos, entre ellos, el dirigente Leopoldo López que lleva dos años encarcelado. Lo que está claro es que con una mayoría opositora en la Asamblea Nacional (al cierre de esta edición contaban con 99 escaños) se abre un amplio abanico de posibilidades para la MUD. Eso sí todo dependerá de si finalmente consiguen una mayoría simple, los dos tercios de la cámara o los tres quintos. «La dimensión de la victoria determinará el futuro de este país. Una mayoría cualificada de la oposición provocaría una situación inédita», asegura a LA RAZÓN el coordinador de Unidad de Enlace Internacional, el opositor Edmundo González Urrutia, quien considera que «si se siguiesen las pautas normales de la democracia, ese triunfo debería comportar una serie de cambios contundentes».
Para el opositor, «todo dependerá de la voluntad del Gobierno, que no está acostumbrado a este escenario adverso, pero tiene la obligación moral de emprender un diálogo con la oposición». El jefe de redacción del diario venezolano «El Universal», Elides Rojas, detalla a este periódico la necesidad de tender puentes entre ambos bloques políticos: «Suponiendo que la oposición logre una mayoría simple, es decir la mitad más uno sería una ventaja de carácter político importante, pero no suficiente. Para alcanzar un poder determinante tendría que lograr 111 escaños. No obstante, el país está tan destruido que sin un acuerdo de gobernabilidad y de reconstrucción nacional ningún bando podrá hacer nada».
Ese entendimiento será necesario a corto plazo, pues se deben aprobar los Presupuestos para el 2016. «Un punto de partido de un proceso largo y complejo», apunta González Urrutia. Si el Gobierno rechaza las exigencias de la Asamblea (opositora) para diseñar un presupuesto más equilibrado, el poder legislativo puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia y dar inicio a un importante proceso de destituciones y nuevos nombramientos hasta desembocar en la destitución del mismo Parlamento. Una vez superado ese primer escollo, la función de la Asamblea consiste en aprobar leyes para aplacar la situación de emergencia económica que ha supuesto una «humillación nacional» para los venezolanos. La MUD tampoco descarta una nueva política cambiaria. Con una mayoría de dos tercios del Parlamento se abre la opción de presentar un referéndum revocatorio contra el presidente de la República.
No obstante, el Gobierno de Maduro posee mecanismos para restringir el margen de maniobra de una Asamblea opositora. «Puede obstaculizar toda la actividad privada, económica y partidista, independientemente de un Poder Legislativo en contra. En realidad no hay una separación de poderes verdadera. Con el Tribunal Supremo puede a anular lo que quiera, con la Fiscalía puede enjuiciar diputados. En realidad todo lo destructivo que se pueda imaginar, pues está claro que no hay interés por el bien común sino más bien por mantener el poder por el poder», describe el periodista.
En un sistema presidencialista, el jefe del Estado tiene más poderes que el Parlamento. Eso es así también en Venezuela, pero llevado al extremo. Hasta en cinco ocasiones durante el chavismo la mayoría oficialista en el Parlamento ha aprobado una Ley Habilitante para otorgar mayores poderes al Ejecutivo. Cuatro veces durante el periodo de Hugo Chávez y una con Maduro. En esa última ocasión en noviembre de 2013 la excusa fue la necesidad de combatir la «guerra económica». El resultado: el poder Ejecutivo venezolano ha aprobado más leyes-decretos que el propio Parlamento.
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