La recta final del mandato presidencial de Guillermo Lasso en Ecuador se ha convertido en el peor momento de su presidencia, con un país sumido en la violencia y con la delincuencia organizada mostrando músculo. En las últimas semanas, la nación sudamericana ha visto un aumento en asesinatos, motines carcelarios, terror en las calles y acción del narcotráfico.

En Ecuador se ha iniciado una guerra entre bandas por el control del narcotráfico, que ha implicado un auténtico desafío al poder del Estado sobre territorios completos. El Gobierno de Lasso decretó un estado de excepción con militarización y con toque de queda en el país vigente por 60 días a partir del asesinato a tiros a plena luz del día de un alcalde en una provincia donde el crimen organizado es fuerte en el negocio de estupefacientes y la salida al Pacífico, además del homicidio de un candidato a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los antecedentes que acompañan al decreto ejecutivo, los homicidios intencionales han incrementado entre el 50% y más del 100% este año, con relación al 2022, en las provincias bajo estado de excepción. El 96% de estos homicidios son por violencia criminal y según la policía, de estos, seis de cada 10 están relacionados con el tráfico de drogas.

El ministro de Interior, Juan Zapata, ha negado que todo el país esté bajo el control del crimen organizado. «Las muertes violentas están geolocalizadas. Ecuador tiene 24 provincias, el problema está en cinco, que son la ruta de la droga», explicó. Pero existe presencia de bandas en la sierra, donde se ubican puntos de almacenamiento, e influencia incluso en la capital Quito.

Entretanto, Ecuador pone la mirada sobre sus cárceles. En la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil hubo una masacre el sábado 22 de julio donde murieron 31 reos, y en otras prisiones se han registrado motines con secuestro de funcionarios policiales: el martes y en simultáneo fueron retenidos 137 custodios en varias prisiones que para este viernes ya habían sido liberados.

La matanza en la Penitenciaría del Litoral, que alberga a unos 5.600 reclusos, es la más reciente de una serie de masacres ocurridas en Ecuador desde 2020 y que han dejado más de 400 reos asesinados.

El conflicto inició por enfrentamientos entre dos grandes bandas, que son un brazo ejecutor del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, por el control de las cárceles y de territorios para el narcotráfico.

«La actual ruptura de acuerdos entre los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, ha generado la intención de tomar posesión de forma unilateral en diferentes ciudades del país, ocasionando un ambiente de hostilidad entre estos dos grupos, lo cual ha desatado un enfrentamiento armado, siendo punto de inicio el Centro de Privación de Libertad Guayas No 1. (Penitenciaría)», se lee en el texto del decreto de emergencia de Lasso.

Un escenario de violencia que refleja la fuerza de estos grupos. Este viernes un operativo policial en Guayaquil y Durán, en la costa ecuatoriana, permitió el decomiso de tres drones con tecnología de punta que pertenecían a una red de narcotráfico, dijo la Policía del Ecuador. Los aparatos servirían para ingresar cocaína y armas a la Penitenciaría del Litoral, están valorados en 15.000 dólares cada uno, y tienen una capacidad de vuelo de 5 kilómetros con cargas de hasta cinco kilos.

Además del caos en las cárceles, en Esmeraldas, al norte del país, varios vehículos fueron incinerados, hubo amenazas con explosivos y de atentados a gasolineras, y las clases se suspendieron para salvaguardar a los estudiantes, el martes, cuando se reportaron tiroteos cerca de escuelas.

La ola de violencia ha develado la participación de agentes del Estado en los grupos delincuenciales. Esta semana, la Policía detuvo a dos marinos en servicio activo de la Armada por su presunta vinculación en una red de delincuencia organizada. Un juez dictó prisión para los marinos, mientras que la Armada dijo que seguirá depurando sus filas.

Desde 2019 casi se ha triplicado la cantidad de droga incautada en Ecuador, según cifras de la Policía. En un reporte publicado en julio el organismo admite que «la principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que posteriormente es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil».

En ese mismo documento, el organismo reconoció que el escaso control por parte del Estado sobre el territorio marítimo y aéreo facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias sin casi revisión.

El 20 de agosto habrá elecciones, a las que Guillermo Lasso no se presentará. Los comicios son extraordinarios luego de que el mandatario disolvió en mayo el Parlamento y adelantó la convocatoria para evitar una posible destitución. La campaña ha sido invadida por esta realidad y la única propuesta común entre los candidatos es frenar el crimen organizado.