Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete debatirán durante la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas el plan presentado por el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, para destinar los beneficios de los activos congelados a Rusia en armar a Ucrania, cuando el país invadido por Vladimir Putin se adentra en su tercer año de contienda.

Aunque este tema lleva analizándose desde hace meses también en el marco del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido) es la primera vez que los líderes podrán discutir este asunto con una propuesta detallada sobre la mesa. Si en un primer momento el objeto del debate residía en si era posible utilizar estos rendimientos en pagar la reconstrucción del país, las malas noticias en el campo de batalla y los retrasos de los países europeos en enviar munición han hecho que ahora las prioridades hayan cambiado. “Es hora de iniciar una conversación sobre el uso de los beneficios inesperados de los activos rusos congelados para comprar conjuntamente equipos militares para Ucrania", defendió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en un debate celebrado en el Parlamento Europeo en el mes de febrero para después apostillar que "no podría haber símbolo más fuerte ni mayor uso para ese dinero que hacer de Ucrania y de toda Europa un lugar más seguro para vivir".

Las capitales europeas se enfrentan a este debate con algunas reservas y muchas preguntas. Temen las acciones legales que pueda emprender Moscú y que el euro pierda atractivo como divisa internacional en los mercados financieros, tal y como ha advertido repetidamente el Banco Central Europeo. Además, también existe el temor de que este paso pueda suponer una escalada del conflicto. La impresión es que todavía no se ha alcanzado la unanimidad para respaldar la propuesta, si bien el consenso ha ido creciendo. Berlín era una de las capitales que se oponían de manera más contundente a este plan, pero ha comenzado a cambiar de opinión. Otros socios europeos como Hungría y Eslovaquia siguen mostrando su rechazo a la iniciativa y temen enfadar a Vladimir Putin y otros países como Irlanda y Malta hacen ver que su declarada neutralidad les impide dar este paso. España está a favor del plan siempre y cuando cuente con las debidas garantías jurídicas.

El sistema de sanciones europeo está pensado de manera temporal, de forma que la congelación los activos del Banco Central de Rusia e incluso los bienes inmovilizados a los oligarcas puedan ser restituidos en el futuro. Por eso, la propuesta del Ejecutivo comunitario no contempla utilizar los 210.000 millones de euros que se encuentran congelados en suelo europeo sino tan sólo los ingresos generados por la inmovilización de este dinero depositado de manera mayoritaria en Euroclear, el sistema de compensación de activos radicado en Bélgica. Se espera que estos beneficios asciendan a entre 2.500 y 3.000 millones de euros en 2024, si bien la cifra final dependerá ,también en los años venideros, de la evolución de los tipos de interés.

Desde el 15 de febrero de este año, la entidades encargadas de depositar estos beneficios se han visto obligadas a separar esta cantidad y no distribuirla entre los inversores. El 97% de esta suma se utilizará para auxiliar Ucrania, aunque las entidades financieras podrán retener un 10% como salvaguarda ante posibles riesgos.

Este año, el 90% del dinero retenido se transferirá al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, la herramienta extracomunitaria con dinero común de los Veintisiete, mientras el 10% restantessi dirigirá al presupuesto comunitario también en aras de mejorar la capacidad de que Ucrania construya sus propias armas. El propósito reside en que el dinero este listo para armar a Kiev a mediados de este año, si las capitales europeas dan luz verde de manera relativamente rápida, y que los pagos se realicen dos veces al año.

A partir de 2025, parte del dinero podrá utilizarse para el Programa Europeo de Inversión en Defensa (EDIP) destinado a las compras conjuntas de armas entre los países europeos.

Rusia ha reaccionado de manera airada al conocer esta propuesta y el Kremlin ha amenazado con “décadas” de demandas si se acaban utilizando los rendimientos de los activos rusos congelados , lo que para Moscú equivaldría a un “robo”.

“Los europeos deben ser conscientes del daño que tales decisiones pueden causar a su economía, su imagen, su reputación como garantes confiables de la inviolabilidad de la propiedad”, ha amenazado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. A Bruselas tampoco le han sorprendido demasiado estas advertencias. El plan presentado por el Ejecutivo comunitario prevé que beneficios generados durante los años 2022 y 2023 se utilicen como colchón ante posibles demandas legales por parte de Moscú.

No se sabe hasta qué punto esto es solo el principio de un plan más ambicioso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha planteado incluso transferir a Ucrania no sólo los rendimientos obtenidos sino el grueso de los activos inmovilizados, a pesar de las pronunciamientos en contra tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal.